Industria pedirá a las eólicas pruebas de que tienen en caja un 25% de lo que prevén invertir
ECONOMÍA
La Xunta ha abierto ya la carrera para adjudicar los 2.325 megavatios del nuevo concurso eólico. En la orden de asignación de la nueva potencia ofertada, que ayer se publicó en el Diario Oficial de Galicia, la Consellería de Industria establece un plazo de tres meses para la presentación de solicitudes, que se abrirá el próximo 19 de abril. A partir de ahí, empezarán a contar cuatro meses hasta que la Xunta resuelva el concurso, hacia mediados de noviembre.
Las bases publicadas ayer refrendan lo adelantado por el presidente de la Xunta el pasado jueves. Así, además de dividir las futuras concesiones en diez zonas (que a su vez se subdividen en 191 áreas), se establece un máximo de 350 megavatios por solicitante, aunque se abre la puerta a ampliar ese tope en los proyectos «que teñan asociado un plan industrial de especial trascendencia para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia».
Donde hace especial hincapié Industria es en las garantías de los grupos que concurran al concurso, a los que exige un justificante de que disponen de fondos propios que cubran al menos un 25% de la inversión prevista (frente al 20% en el concurso del bipartito) y una fianza de 20.000 euros por cada megavatio solicitado. Lo que no se refuerzan son las exigencias técnicas donde, al igual que en la anterior convocatoria, servirá con que la empresa interesada en los molinos suscriba un contrato de asistencia técnica con una empresa con experiencia en la producción de energía.
Inversión y empleo, claves
Y, como se había adelantado, inversión y empleo serán los dos principales baremos para la adjudicación de molinos, al suponer un 55% de la puntuación total de cada parque. Otro 21% pesará el impacto ambiental y un 13% factores como la inversión en los ayuntamientos afectados, en planes energéticos de la Xunta o en el pago a los propietarios de los terrenos, un apartado que desde el PSOE tacharon de «cláusula para os amigos». El portavoz socialista de Industria, Abel Losada, advirtió que la orden «pon en serio perigo a imparcialidade do proceso» y abre la puerta a «privilexios para as grandes empresas enerxéticas dos amigos de Feijoo».