Opel pretende hacer partícipe de la viabilidad de su proyecto empresarial a los Gobiernos de los países en los que desarrolla su actividad. Así, la automotriz alemana tiene previsto solicitar esta misma semana ayudas financieras por valor de 2.700 millones de euros a los Estados en los que mantiene plantas operativas, según informó un portavoz de su matriz estadounidense General Motors (GM). Una solicitud que se acompañará del plan de saneamiento y de la auditoría de la firma independiente Warth & Klein. Los documentos serán presentados simultáneamente ante la Unión Europea y los Gobiernos de los países y regiones en los que están asentadas sus fábricas.
Al tiempo, GM prevé invertir unos 650 millones de euros en la nueva compañía y pretende que los trabajadores de su filial europea se recorten el sueldo hasta conseguir un ahorro total de 265 millones en los próximos cinco años. Un plan que rechazan los trabajadores, toda vez que GM prevé cerrar la planta de Amberes y no les ofrece garantías de futuro, ya que pretende reducir la plantilla de Opel de 48.000 a 40.000 trabajadores hasta el 2011.
En España, la dirección europea de la compañía comunicó ayer al comité de empresa de la fábrica aragonesa de Figueruelas que mantiene firme su intención de despedir a 900 trabajadores de la planta.
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