El Gobierno de Puerto Rico despidió este viernes a cerca de 17.000 empleados públicos en la segunda fase de un plan de reestructuración del Estado que busca hacer frente a un galopante déficit fiscal que se sitúa en el entorno de los 3.200 millones de dólares.
Los 16.960 funcionarios recibieron en la tarde del viernes las cartas de despido, después de que el presidente de la Junta de Reconstrucción Económica y Fiscal (JREF) puertorriqueña, Carlos García, anunciase la regulación de empleo, que se hará efectiva a partir del 30 de octubre.
Luis Fortuño, gobernador de Puerto Rico, Estado libre asociado a EE.UU., justificó el despido de los empleados públicos para evitar la degradación del margen crediticio del país y evitar «cerrar el Gobierno, con las consecuencias que esto tiene». Con todo, aseguró que «lo peor ya pasó».
Evitar una subida fiscal
Fortuño alegó que con estos despidos, 7.000 de ellos en el departamento de Educación, se evita la imposición de nuevos gravámenes o un aumento del impuesto de uso y consumo (el equivalente al impuesto del valor añadido español) de tres puntos, desde un 7% a un 10%.
En junio el Gobierno puertorriqueño había dejado en el paro a otros 10.000 empleados de la Administración del Estado. El alto número de trabajadores públicos despedidos incrementará de forma notable la tasa de desempleo, que a mediados de año rozaba ya el 15%.
En respuesta a la política de restricción del Ejecutivo, los dirigentes sindicales anticiparon la realización de una huelga general para mediados de octubre.