Las restricciones impuestas por el Gobierno limitarán a un 13% el número de beneficiarios
02 ago 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La ayuda de 420 euros para quienes hayan agotado el subsidio de paro que Zapatero aprobará el próximo 13 de agosto en una convocatoria extraordinaria del Consejo de Ministros no beneficiará a todos los desempleados sin cobertura. De momento, el Gobierno central no ha especificado la cuantía y solo ha difundido que este apoyo durará seis meses, pero el borrador entregado a los sindicatos fija una serie de requisitos que limita el cobro de la prestación a buena parte de los parados. El documento, rechazado por la patronal y que ha hecho saltar por los aires el diálogo social, dice lo siguiente: «Con la finalidad de proteger a los desempleados que agoten el período de prestaciones, se establecerá un programa temporal de inserción; serán beneficiarios de él los parados que hallan agotado el período de prestaciones, tanto contributivas como asistenciales, y que se encuentren en situación económica de necesidad».
Este último requisito se define y se justifica con la correspondiente prueba de rentas familiares, que se establece en el 75% del salario mínimo interprofesional. Es decir, que en el caso de los parados cuyas unidades familiares ingresen más de 624 euros mensuales, estos no tendrán derecho a la ayuda de seis meses, cuya cuantía se establece en el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), unos 420 euros.
Unos diez mil beneficiarios
Este límite hace que, en España, del millón de parados sin cobertura, solo 200.000 puedan acceder a esta ayuda, según los primeros cálculos elaborados por los gabinetes económicos de los sindicatos. La federación gallega de Comisiones Obreras estima que, aproximadamente, los 420 euros cubrirán durante seis meses en Galicia a unos 10.000 desempleados que no perciben prestaciones.
En Galicia, el número de parados sin cobertura asciende a 73.000, por lo que la ayuda adicional aprobada de Zapatero solo beneficiaría al 13% del total, según esos cálculos preliminares.
Ante esta situación, tanto desde Comisiones como desde UGT Galicia mantienen su demanda de que la Xunta ponga en marcha un salario social con fondos autonómicos para la protección de los parados y para evitar el riesgo de exclusión social que ha generado la actual crisis económica. «Nosotros hemos trasladado a la Consellería de Traballo esa necesidad, y se nos ha dicho que se iba a estudiar; pero aún estamos a la espera», asegura Maica Bouza, responsable de Empleo en Comisiones Obreras.
UGT mantiene la necesidad de recuperar los acuerdos del diálogo social y el plan de competitividad impulsado durante la pasada legislatura, con el bipartito en la Xunta. «Segundo os últimos datos da última EPA, Galicia conta con 15.200 fogares nos que non entra ningún tipo de ingreso e máis de 45.600 parados de longa duración, practicamente todos eles sen prestación», advierte José Domingo Barros, de UGT.