Feijoo explica que el Gobierno gallego incluirá la tasa en una ley porque no es posible crearla por decreto
24 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La Xunta hará con el concurso eólico lo que le dicte la asesoría jurídica, que de momento ha detectado la necesidad de elaborar una ley para imponer un impuesto a las empresas de los molinos que operen en Galicia, porque no es posible articularlo por la vía del decreto.
La parquedad reina en el Gobierno gallego en este ámbito, pero su presidente, Alberto Núñez Feijoo, aseguró ayer, al finalizar el Consello, que en las próximas semanas habrá novedades al respecto. El Ejecutivo autonómico dará nuevas pistas sobre el asunto en «agosto ou setembro», según deslizó Feijoo.
El máximo responsable de la Xunta argumentó que, así como existe un impuesto para las firmas eléctricas, también «ten que habelo» para las eólicas. Una parte de lo que se recaude por esta vía irá a parar a los concellos que dispongan de parques de molinos, lo que les permitirá emplear esos fondos en la mejora de los servicios. Otro porcentaje irá a parar a las arcas autonómicas.
«Sométome ao ditame»
Núñez Feijoo prefirió no arriesgar una opinión sobre si la tasa puede tener o no efectos retroactivos. Cuando se le preguntó abiertamente si iba a derogar el concurso eólico del bipartito afirmó: «Sométome ao ditame da asesoría xurídica da Xunta, nun caso ademais no que se trata de investimentos multimillonarios: o que digo é que se necesita reserva de lei para as concesións».
«Estamos a facer un texto para dar seguridade xurídica, porque os impostos se crean por lei porque se non hai un enorme risco xurídico», indicó, al tiempo que precisaba que en este caso desde su Gobierno solo se pretende «a seguridade xurídica e velar polos intereses de Galicia».
El presidente de la Xunta habló por boca de los técnicos, pero evitó la vertiente más política del asunto hasta conocer el informe definitivo. «A Asesoría Xurídica detecta a necesidade de publicar unha lei e cando remate o informe e estea asinado polos letrados traeremos unha proposta política, pero mentres non haxa este informe non anticiparei nada», concluyó.
Aseguró no tener compromiso «con ninguén», excepto con la seguridad jurídica y los intereses ciudadanos, y eludió dar un porcentaje para el canon que quiere poner en marcha. Las empresas del sector ya han comentado que un tipo impositivo por encima del 1% respecto al presupuesto de ejecución sería algo desorbitado y desincentivaría la instalación de molinos.
Los populares aseguran que la implantación de la tasa permitirá acabar con la especulación y supondrá proyectar un elevado grado de transparencia en el negocio del viento. Lo de pagar un impuesto, al fin y al cabo, desde la óptica empresarial, lo que hace es dilucidar una forma de pago, en igualdad de condiciones, y evitaría tener que acudir, llegado el caso, a la compra de los molinos a un inversor que ha ganado un concurso envuelto en un mar de dudas.
Un canon como el hidráulico
En realidad, la Xunta pretende instalar un canon similar al hidráulico, aunque Feijoo no aclaró si podría seguirse algún otro modelo, y las empresas adjudicatarias tendrían que verse obligadas a participar en un fondo de compensación, como sucede en el caso de la comunidad valenciana. Con este fondo, Valencia hace inversiones para recuperar y dinamizar los territorios que soportan los parques eólicos.
Los populares harán pues una ley, la remitirán al Parlamento gallego, y buscarán el consenso con los socialistas que, el pasado mes de diciembre, en el desenlace final de la resolución del concusro eólico, abandonaron la mesa donde se sustanciaban las adjudicaciones provisionales, por discrepancias con el equipo del conselleiro de Industria, el nacionalista Fernando Blanco.