El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha aceptado que la promotora Martinsa-Fadesa amplíe a ocho años el plazo para hacer frente a todas sus deudas. El tribunal considera que la promotora, protagonista de la mayor suspensión de pagos de la historia de España, necesita más tiempo que el que se marca legalmente -un total de cinco años- y argumenta que tiene agotada su capacidad financiera.
El titular del juzgado, Pablo González Carreró-Fojón, detalla en su auto que «en la coyuntura actual del mercado inmobiliario, la salida convencional del concurso pasa necesariamente por dilatarla dentro de los límites razonables».
Autorización del ministerio
Asimismo, el magistrado recuerda que Martinsa-Fadesa ha aportado el informe preceptivo del Ministerio de Economía, que «no contiene objeciones a la concreta superación del plazo máximo de espera que aquí propone la concursada, con apoyo en su plan de viabilidad».
La propuesta de pagos de Martinsa prevé la devolución en ocho años de los 7.005 millones de deuda, de los que el 10% se pagaría en los tres primeros años, lo que permite, según el auto, «centrar los esfuerzos de la compañía en la conservación, consolidación y realización gradual de los activos a medida que se produzca la recuperación del mercado inmobiliario».
El juzgado tiene en cuenta en su resolución la tendencia a la baja del sector de la vivienda y reconoce que habrá cuatro años de ajuste «entre el exceso de la oferta y la demanda y otros tres de consolidación». También apunta que estas previsiones pueden variar, pero lo que queda claro es que «no es razonable comprometer el pago total o parcial de los créditos concursales dentro del plazo de cinco años».
Créditos concursales
El magistrado mercantil coruñés considera además que el hecho de que se supere el plazo legal para devolver la deuda se compensa «con el pago íntegro de los créditos concursales y con la previsión de abono de intereses a tipos de mercado, susceptibles de conversión en préstamos participativos».
En cuanto a las previsiones de ventas de activos de la inmobiliaria se detalla que «no implican en este caso una liquidación global del patrimonio de la concursada, sino pautas de realización de la propia actividad mercantil a la que se dedica».
En el escrito del magistrado también se alude a la drástica reducción de personal que se está llevando a cabo en la promotora, al explicar que la firma ya se ha acogido a un expediente de regulación de empleo (ERE) y prepara otro. Precisamente, sindicatos y empresa llevan varias semanas negociando ese segundo ERE, que los responsables de la compañía enmarcan dentro de su política restrictiva en materia de empleo. Martinsa presentó ante el juzgado que lleva el concurso de acreedores una propuesta de regulación que prevé suprimir 283 puestos de trabajo, después de que un primer ERE eliminase ya 312 empleos en toda España.
Desmantelar la sede gallega
El segundo ERE supondrá, en la práctica, el desmantelamiento de la sede social de la compañía, situada en A Coruña. Si prospera el recorte, en la ciudad quedarán poco más de una treintena de empleados.