Industria remite una resolución eólica a las empresas sin la firma del conselleiro Fernando Blanco
ECONOMÍA
La resolución del mayor contrato de la historia de la Xunta no está firmada directamente por ningún conselleiro del bipartito. El documento del polémico reparto eólico, que moverá 5.000 millones de euros en los próximos cinco años, comenzó a llegar ayer a las 172 empresas que optaban a los 2.325 megavatios en juego. Pero los papeles aparecen firmados por el director xeral de Industria, Anxo Calvo, y por el secretario general de la consellería, Emilio Nogueira, ambos por delegación del máximo responsable de este departamento autonómico, Fernando Blanco.
Esta omisión de la firma del conselleiro es una práctica habitual en los concursos públicos de la Xunta, aunque no en los contratos de esta envergadura, y ayer sorprendió en el sector la asignación de un alto funcionario y de un alto cargo, pese a que ello no altere las responsabilidades jurídicas de Blanco. La carta abre desde ayer un plazo de un mes para los recursos de reposición (ante Industria) y de dos para los contenciosos.
Los 45 folios de la resolución detallan los motivos de las exclusiones y las puntuaciones de cada uno de los proyectos presentados, precedidos de una densa exposición cronológica del concurso. En esta descripción, Industria ha omitido el abandono de los representantes de las consellerías de Medio Ambiente y Política Territorial, ambas socialistas, de la mesa de valoración. En su día, ambos funcionarios adujeron falta de tiempo para estudiar las propuestas en detalle, lo que, a su juicio, constituía una inseguridad jurídica inasumible.
De hecho, el documento remitido a las empresas especifica que fue el día de Nochebuena cuando la comisión de valoración formuló el acuerdo donde se recoge la propuesta de anteproyectos seleccionados, así como una lista priorizada de anteproyectos suplentes. Pero incide en que la decisión la tomó la «mesa de valoración nombrada al efecto», cuando en realidad faltaban dos de sus miembros.
Pese a que el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, y el conselleiro Fernando Blanco presentaron el reparto eólico el día 26 de diciembre, ambos conocían el resultado de las votaciones 48 horas antes.
Los papeles tampoco aclaran que el día 17 de diciembre, fecha límite para hacer público el reparto de los megavatios según los plazos establecidos en la orden del 6 de marzo del 2008, se acordó una prórroga porque la mesa no tuvo tiempo material de analizar los proyectos y se adujeron entonces problemas informáticos.? Sí aclara que ese mismo día se ampliaron los informes sobre las afecciones de los parques a las figuras de protección ambiental, y se emitieron dos dictámenes más acerca de las capacidades legales, técnicas y económicas de los concursantes. Solo un día antes de que se firmase el reparto, la mesa de valoración aclaró los solapamientos de los parques nuevos con asentamientos ya autorizados o en tramitación.
La lista de excluidos
La resolución aclara que 30 parques fueron excluidos por afectar a terrenos de la Red Natura (entre ellos, siete de Acciona, uno de Eurovento, dos de Neo, 3 de Olivento, y tres de la sociedad que promovía el traslado de Ence: Inveraván Gestión de Inversiones). También especifica que 23 se cayeron de la lista por solapamiento con espacios ya autorizados o en tramitación. Y descubre que algunas de las empresas más sólidas de la eólica gallega, como Eurovento (sociedad participada por Acciona y una compañía japonesa propiedad de la todopoderosa Toyota) fueron excluidas de la lista final por no haber acreditado suficientemente su capacidad económica.
Motivos de insolvencia hicieron caer también 5 parques de Fergo Galicia, 22 de Gaelic Wind, 24 de Gestamp Eólica, 2 de Iberdrola, 2 del empresario Manuel Cortizo (líder español del Aluminio) o 5 de Martinsa-Fadesa. Varios solicitados por Unión Fenosa fueron excluidos por falta de una solicitud expresa de nueva área de desarrollo eólica. Y prácticamente todos los presentados por Orisol, la filial de renovables de la aeronáutica Aernova, cayeron por falta de credenciales técnicas y económicas.