El crecimiento real de los precios en el años 2008 por debajo de lo previsto por el Banco Central Europeo (BCE), de un 2%, supone un conflicto añadido para la fijación de las retribuciones de los trabajadores y para la ya delicada negociación bilateral (entre los empresarios y los sindicatos) del pacto-guía de los convenios colectivos correspondiente al ejercicio 2009.
Con la subida salarial del 3,5% registrada en el pasado ejercicio, los empresarios defenderán que ya se ha producido una recuperación del poder adquisitivo de las plantillas, mientras que es de esperar que los sindicatos, por su parte, lejos de compartir esa percepción, recurran a la inflación media, que en el año recién finalizado ha quedado situada por encima del 4%, para reclamar compensaciones para sus representados.
Ambos puntos de vista, de difícil encaje, se suman al hecho de que las principales patronales del país, CEOE y Cepyme, así como las centrales sindicales mayoritarias, CC.?OO. y UGT, abordan por primera vez en plena crisis económica la renovación de ese pacto-guía, denominado oficialmente Acuerdo Interconfederal sobre la Negociación Colectiva (AINC).
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado varios toques de atención a las dos partes. Y ha dejado muy claro que es urgente un entendimiento para despejar las incógnitas que planean sobre la negociación colectiva del 2009 y proceder a la mejora del mercado laboral en un momento de turbulencias económicas.
Siete años de estabilidad
Los pactos-guía se instauraron en el año 2002, y romper ahora su mecánica, cuando todos los estamentos solicitan el consenso de los agentes sociales para salir de la crisis lo antes posible y en las mejores condiciones, supondría dar al traste con reglas de juego establecidas hace siete años.
El hecho de que durante ese período el nuevo modelo haya dado resultados positivos provoca que ninguna de las organizaciones empresariales ni sindicales esté interesada en cargar con la culpa de una posible fractura.
En consecuencia, CEOE, Cepyme, CC.?OO. y UGT tendrán que intensificar sus contactos y debates en los próximos días porque, pese a sus divergencias, tanto patronal como sindicatos están condenados a entenderse.
Los AINC recogen las pautas generales sobre las que se firman anualmente alrededor de 5.000 convenios colectivos, que tienen repercusión directa en las condiciones laborales de más de ocho millones y medio de trabajadores, pertenecientes a más de un millón de empresas. Nacieron ante la amenaza del Gobierno, entonces en manos del Partido Popular, de aplicar una profunda reforma en la negociación colectiva, con reducción del papel de las patronales y de los sindicatos.
Paz social
Sus principales beneficios son la moderación salarial, el establecimiento de cláusulas de revisión que garantizan un incremento determinado de las retribuciones de los empleados sea cual sea la inflación definitiva, y paz social.
Las fórmulas de garantía salarial figuran en más del 70% de los convenios. Su contenido es muy diverso, pero siempre está diseñado para compensar la diferencia al alza entre el aumento anual de los precios y el previsto, algo que con los datos del ejercicio que acaba de rematar no va a suceder. Todo indica que el incremento definitivo rondará el 1,5%, cinco décimas por debajo del porcentaje recomendado por el Banco Central Europeo. El primer avance de la inflación del pasado ejercicio, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), saldrá precisamente hoy.
Los últimos datos difundidos (correspondientes al pasado mes de noviembre) por el Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre la evolución de los salarios fijan en el 3,53% el incremento del 2008.
En paralelo, la recuperación del poder adquisitivo de las retribuciones de los empleados está en cuestión. Varios estudios de expertos, entre ellos el difundido por Caixa Catalunya, advierten de que en el conjunto del pasado ejercicio la inflación media se situará en el 4,1%, en el porcentaje más alto desde el año 1995, y superior en 1,3 puntos al correspondiente al pasado 2007.
Así, empresarios y sindicatos tendrán que exponer argumentos sólidos en la valoración de sus tesis o, al menos, buscar actuaciones y medidas novedosas que acerquen las posturas.