Martinsa-Fadesa está inmersa en 680 pleitos de todo tipo por actuaciones urbanísticas ejecutadas en España. Casi la mitad de las causas (un total de 328), se están dirimiendo en juzgados gallegos y la gran mayoría en las salas de A Coruña.
Una buena parte de las reclamaciones a la promotora son de comunidades de vecinos en cuyas casas hay presuntos defectos de construcción. En este apartado destacan las planteadas por inquilinos de la urbanización coruñesa de Los Rosales, que exigen cerca de cuatro millones de euros por daños y perjuicios derivados de los fallos que presentan estas viviendas. Esta causa lleva aparejados más de 157.036,27 euros de costas judiciales.
Condenas
En la larga lista de pleitos de Martinsa-Fadesa que los administradores han confeccionado para el informe concursal también figuran tres demandas de otros tantos clientes por retrasos en las entregas en la macrourbanización que la promotora tiene a medio construir en el municipio coruñés de Miño. En este caso, los abogados de la compañía reconocen ante la administración concursal que «existe riesgo de condena» por una cuantía total de 429.078,95 euros, además de las costas procesales, que se cuantifican en 38.241,07.
Una buena parte de las causas gallegas se refieren a las expropiaciones que se han realizado a favor de la Martinsa-Fadesa para desarrollar el polígono de O Pino en Santiago y la urbanización de Miño. Los letrados no facilitan información a los administradores sobre las posibilidades de resolución favorable que tienen en estos casos, según se detalla en el informe concursal. No obstante, en la memoria entregada por la propia Martinsa-Fadesa el pasado mes de junio, cuando se declaró el concurso de acreedores, se detallaba que el Tribunal de Superior de Xustiza de Galicia dictó una sentencia que anuló el acuerdo del Concello que permitió la expropiación de más de millón y medio de metros cuadrados a favor de la constructora. Hace solo cuatro meses, los servicios jurídicos de la compañía veían con poco optimismo el recurso planteado contra esta causa, ya que aseguraban que «en el supuesto de que la sentencia desestimase el recurso, se podría producir una situación procesal que conllevase un eventual quebranto para Martinsa-Fadesa», ya que tendría que indemnizar a los expropiados.
Indemnizaciones
Hay dos asociaciones de expropiados que llevan años reclamando más dinero por sus terrenos, ya que cobraron tres euros por metro cuadrado y fijan el valor en un mínimo de 30. En cualquier caso, la promotora detalla en la documentación entregada al inicio del proceso concursal que las indemnizaciones «no deberían superar el 25% del valor de expropiación correspondiente a los propietarios reclamantes».
Los administradores concursales ya recogen una quincena de incidentes concursales presentados ante el Juzgado Mercantil número 1 de A Coruña, que lleva la suspensión de pagos y que prevé celebrar cientos de juicios paralelos sobre acreedores disconformes con la deuda que les atribuye el concurso.
Una de estas causas la plantea la firma Finanzas, por lo que se denomina como «abstención de MF -Martinsa-Fadesa- de presentar al cobro cuatro pagarés más las medidas cautelares de depósito judicial» de esos documentos y se cifra el pleito en una cuantía que asciende a 1.916.785,56 euros. Diez de estos procesos pretenden resolver los contratos de compraventa firmados con la compañía, recuperar las cantidades entregadas a cuenta e, incluso, exigen daños y perjuicios por los retrasos que han sufrido. Un ex empleado de Martinsa-Fadesa también acude a la citada sala de lo mercantil para exigir 19.160 euros por despido improcedente.
Otro de los casos relacionados con la plantilla de la promotora es una reclamación interpuesta contra la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que condenó a la promotora al recargo de prestaciones por un accidente laboral sucedido en Cataluña. Sobre este asunto, el letrado de la promotora declara que considera «improbable» que se acepte su recurso y recuerda, además, que la estimación de sus honorarios asciende a 650 euros.
La lista de pleitos también cita algunos en los que el demandante es la constructora y en los que reclama ciertos pagos.