El pleno del Parlamento gallego inició ayer la tramitación del canon hidroeléctrico, la nueva tasa que gravará el impacto ambiental provocado por los 34 embalses que están operativos en Galicia. El grupo del PP, en la oposición, pidió sin éxito la devolución del texto al Ejecutivo por entender que no beneficia a los concellos directamente afectados por los aprovechamientos hidroeléctricos y porque abre la puerta a una posible subida en el recibo de la luz.
El último de estos extremos fue rechazado hasta tres veces por el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, al afirmar que «en ningún caso» se provocará un alza de tarifas con el nuevo gravamen, con el que la Xunta espera recaudar el próximo año 12 millones de euros. El popular Bernardo Tahoces lo puso en duda, y aludió a unas declaraciones del conselleiro de Innovación en las que sí avalaba la creación de un suplemento territorial en la tarifa.