Política Territorial y Medio Ambiente han exigido examinar las 170 ofertas y advierten de que no queda tiempo
15 sep 2008 . Actualizado a las 08:55 h.La gestión del concurso eólico que está realizando el BNG desde la Consellería de Industria comienza a levantar suspicacias en el PSOE, que hasta ahora se había mantenido al margen del proceso, aunque «atento» a la polémica que envuelve al sector. Política Territorial y Medio Ambiente, las dos consellerías socialistas implicadas en este macrocontrato que moverá 5.000 millones de euros en inversiones durante los próximos cinco años, exigieron formalmente hace dos semanas la constitución de la comisión de valoración que deberá puntuar cada una de las 170 ofertas presentadas.
A menos de 100 días para la conclusión del plazo de adjudicación de los 2.325 megavatios en juego, el conselleiro nacionalista Fernando Blanco no ha dado respuesta a esta petición de sus socios de Gobierno y tampoco ha dicho en público cuándo creará este órgano.
Fuentes del Ejecutivo autonómico han hecho saber al titular de Industria que tanto Política Territorial como Medio Ambiente no consentirán que la puntuación de los proyectos se haga desde otro foro que no sea la comisión de valoración. El tercer departamento autonómico implicado en el concurso, Medio Rural, en manos del BNG, también ha preguntado extraoficialmente en Industria por esta cuestión.
De acuerdo con la orden que activó y delimitó el concurso, publicada el pasado 17 de marzo, hace ya 90 días que la consellería podría haber constituido la mesa de valoración, una herramienta que el propio reglamento eólico define como «la garantía de la libre participación y transparencia en el proceso». Este comité técnico, además, debe crearse obligatoriamente si los megavatios solicitados por los aspirantes superan la potencia máxima a adjudicar (y en este caso la multiplican casi por 20) o si existen varias zonas en competencia por parte de empresas distintas.
El órgano estará formado por 7 miembros de la Consellería de Industria (lo presidirá el director xeral de la consellería y el vicepresidente será el secretario xeral, además integrará tres vocales de la Dirección Xeral de Industria y dos más del Inega), y un miembro de cada una de las tres consellerías con competencias en la materia (Política Territorial, Medio Ambiente y Medio Rural).
Temor al hecho consumado
En medios socialistas se teme que el BNG pretenda trasladar a este comité una propuesta ya valorada de cada oferta para su visto bueno. Pero el PSOE, a través de sus dos consellerías, ya le ha hecho saber a Fernando Blanco que no aceptará esta fórmula y que quiere revisar, una a una, cada propuesta, en los aspectos que les incumben: urbanismo y medio ambiente.
Además, han advertido que de no constituirse de inmediato este foro no habrá «tiempo material» de hacer el trabajo antes del 17 de diciembre, fecha límite para la adjudicación según los plazos del concurso. Y mucho menos si el resultado pretende conocerse, como ha repetido en varias ocasiones el titular de Industria, en el mes de octubre.
La mesa de valoración no tiene potestad para adjudicar y solo se limitará a formular una propuesta de anteproyectos seleccionados, así como otra lista de proyectos suplentes.
Los acuerdos deberán ser adoptados por mayoría de votos y se podrán emitir votos particulares o por escrito que obligatoriamente tendrán que constar en acta. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan quedarán exentos de la responsabilidad que pueda derivarse de los acuerdos.
Posibles recursos
En el PSOE temen que la gestión del concurso, así como su resultado final, provoque la presentación de recursos. Y no están dispuestos a que sus consellerías acepten propuestas en la comisión de valoración si esta no trabaja con el tiempo suficiente y la documentación necesaria.
Este golpe de efecto es el primer «aviso formal» del socio de Gobierno del Bloque en el concurso eólico, pero en medios próximos a la Xunta se interpreta también como un gesto enérgico para advertir a la formación nacionalista de que no se consentirá el cierre de la mayor adjudicación pública realizada hasta ahora en Galicia sin una mayor sintonía entre las dos partes del Ejecutivo.
Fuentes próximas al Bloque Nacionalista admiten que el plazo de octubre dado por el conselleiro de Industria para la resolución de este proceso podría demorarse, pero no existe la intención de rebasar en ningún caso el límite del día 17 de diciembre.