Los dueños de montes acusan a las eólicas de ofrecer contratos basura para instalar molinos
ECONOMÍA
Los propietarios forestales gallegos están dispuestos a abrir una dura batalla para obtener un mayor beneficio en el suculento negocio del viento. El concurso abierto por la Xunta -en el que se adjudicarán 2.325 megavatios- ha hecho que las empresas empezasen a trasladar ofertas a los dueños de montes con el objetivo de instalar los aerogeneradores. Ventonoso, la organización de propietarios forestales auspiciada por Unións Agrarias, ha denunciado que la gran parte de ellas pivotan sobre «contratos basura», en los que se ofrece incluso menos del 1% de lo que supone la facturación anual de un parque. El presidente del colectivo, José Antonio Diéguez, se refirió ayer como ejemplo a la empresa Enerfín, que ha planteado a los propietarios forestales una compensación anual de 4.300 euros por instalar un molino de dos megavatios.
«Por un mesmo muíño Capital Energy ofertou 11.000 euros», explica, «pero o abano de remuneracións oscila entre o 1% e o 2,5%, moi por baixo do que acontece en países como Dinamarca, onde se paga o 10%».
Ventonoso sostiene que el concurso abierto por la Xunta introduce elementos positivos en el proceso de adjudicación de los complejos (transparencia), pero advierte de que se ha perdido una oportunidad para lograr que las concesiones redunden en el desarrollo rural de las áreas afectadas, azotadas por la crisis de rentabilidad agraria y el envejecimiento poblacional. El departamento que lidera el nacionalista Fernando Blanco discrepa de esta tesis y entiende que el concurso se ha planteado para garantizar la reinversión de una parte de los beneficios en la comunidad gallega. Ventonoso insiste en la necesidad de crear la figura de solar eólico para que los montes no se conciban en su valoración como terrenos rústicos sino como espacios susceptibles de acoger una industria muy rentable. El colectivo ha organizado ya 50 charlas por toda la comunidad autónoma para advertir a los propietarios de que deben luchar por obtener un beneficio acorde a lo que vale el terreno forestal. Las empresas eólicas creen que si hay desacuerdo con los dueños del monte se puede iniciar una expropiación una vez que el parque sea calificado por la Xunta como de utilidad pública. Pero este es un camino que no está nada claro.
A mediados de febrero del 2007, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio la razón a la Comunidade do Monte Veciñal de Argozón, que en el 2003 había presentado una demanda contra la Xunta y la empresa Enerfín -que pertenece al grupo alemán Elecnor y está participada por Caixanova y el Banco Gallego- al entender que no se justificaba la prevalencia de la utilidad pública del proyecto eólico sobre la función social del monte. La sentencia, recurrida ahora al Supremo, obligó a retirar 23 de los 30 molinos.