A escasas dos semanas de que finalice el plazo de presentación de ofertas para la mayor concesión de parques eólicos realizada hasta ahora en Galicia (el día límite es el 18 de junio), la Consellería de Industria tiene prácticamente definidos los criterios que seguirá para el reparto del nuevo negocio eólico gallego.
El conselleiro Fernando Blanco y su equipo calculan que habrá un máximo de 35 adjudicatarios y tienen decidido que nadie maneje en un mismo contrato más de cien megavatios de potencia. Si una misma empresa quiere más molinos, tendrá que presentar otras ofertas y cada una de ellas vinculada a un proyecto industrial diferente.
La intención es que este modelo de distribución multiplique las nuevas firmas asociadas al concurso eólico. El decreto sectorial en vigor obliga a cada peticionario a ceder un 10% de su negocio a la Xunta, pero además condiciona las autorizaciones a la presentación de proyectos industriales, que no tienen por qué estar relacionados con las energías renovables.
De este modo, si el grupo de empresarios gallegos que negocian estos días una alianza con Ence para trasladar el complejo de celulosa de Lourizán y construir una nueva papelera en Galicia presenta este proyecto al concurso eólico, como máximo optarían a la explotación de cien megavatios. Y si cualquiera de ellos quisiera más potencia, estaría obligado a presentar más proyectos industriales.
De los 2.325 megavatios en juego, 271 servirán para terminar planes eólicos en vigor que no pudieron desarrollarse durante la pasada legislatura. Otros 1.500 podrían dar respuesta a los 15 mejores proyectos industriales que se presenten para Galicia, ya que estas inversiones asociadas son las que más puntúan en el concurso.
El resto podría repartirse en paquetes de 50 megavatios para proyectos industriales de cierta envergadura y concesiones menores en función de inversiones también más cortas. En total, la consellería maneja poder dar satisfacción a entre 30 y 35 peticionarios.
La Xunta calcula que el concurso eólico movilizará inversiones directas e indirectas próximas a los 5.500 millones de euros y generará al menos 3.000 empleos de nueva creación hasta el año 2012. Galicia tiene ahora 4.175 megavatios autorizados, de los que 3.020 están en funcionamiento. La intención es llegar a los 6.500 en el año 2012, lo que confirmaría el liderazgo gallego en el sector eólico español y permitiría cubrir con energías renovables el 95% de la electricidad consumida en la comunidad autónoma.
Reventas «controladas»
El decreto eólico deja abierta la posibilidad de que los concesionarios de nuevos parques puedan revenderlos. Pero para evitar las polémicas especulaciones vividas con las primeras autorizaciones gallegas (desde 1995) obliga a los adjudicatarios a construir y montar los nuevos aerogeneradores, e iniciar su funcionamiento, antes de deshacerse de la concesión.
Ayer, Industria aclaró que la venta de un parque eólico de nueva factura debe ser previamente autorizada por la Xunta e implicará además que el comprador se haga cargo del plan industrial asociado a la autorización del parque.
Además del núcleo de 16 compañías que se reparten la actual eólica autonómica (todas aspiran a nuevas concesiones), otra veintena de firmas participadas por grandes empresarios gallegos o sociedades extranjeras preparan ofertas para el concurso que podrían multiplicar por diez los megavatios en juego. Con este límite de potencia en las adjudicaciones, Industria espera poder dar respuesta a la mayor parte de los peticionarios.