Una gallega crea una asociación de estafados por créditos rápidos y logra 3.000 afiliados en 6 meses
ECONOMÍA
«¿Necesita dinero rápido? Llame ahora y en 24 horas le resolveremos su problema». Este podría ser el encabezamiento de uno de los centenares de anuncios que cada día logran captar a millares de personas que atraviesan una dificultad económica. Las reglas del juego suelen estar claras de antemano y el que suscribe una deuda con alguna de estas empresas prestamistas asume el pago de unos intereses que llegan hasta el 100%. El problema surge cuando la desesperación ante la imposibilidad de afrontar los pagos de la hipoteca de un piso o de un negocio lleva a firmar papeles que acaban en orden de desahucio, pérdida de inmuebles, depresiones e incluso intentos de suicidio.
En alguna de estas situaciones se encuentran los 3.000 afiliados de Afines, la Asociación Financiera de Estafados creada por una gallega, María Jesús Ribeiro, de A Guarda (Pontevedra) que pidió 22.000 euros a una empresa de intermediación financiera en el 2004 y se ha quedado sin una casa tasada en 248.000 euros.
Afines se constituyó el pasado mes de diciembre por un grupo de 12 afectados presuntamente estafados por especialistas de las finanzas de la zona de Vigo. A ellos se han ido sumando casos similares de A Coruña, Bilbao, Alicante, Madrid, Huelva, Jerez, Guadalajara, Canarias, Segovia, Cantabria?
Familias arruinadas
Ahora son 3.000 y están dispuestos a dar la batalla judicial para pedir responsabilidades al Estado por la situación de «ruina e indefensión» a la que la crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo y la proliferación descontrolada de empresas prestamistas están abocando a millares de familias en toda España. «Hay días en que recibo hasta 80 llamadas de personas que están a punto de perderlo todo», afirma la presidenta de Afines. Relata que se trata de afectados por este tipo de «estafas o engaños» en los que intervienen prestamistas privados que conceden créditos a corto plazo a tipos de interés desorbitado, formalizados en letras y escrituras notariales como si fueran auténticos préstamos utilizados por la banca.
La asociación ha puesto su causa común en manos de una asesoría jurídica de Vigo que tramita ya una querella criminal por delito fiscal que elevará a la Audiencia Nacional para pedir responsabilidades al Estado.