España está dispuesta a apoyar una propuesta de la presidencia eslovena de la UE que suaviza el reglamento de comercialización de productos fitosanitarios que pretendía recortar en casi un 60% el número de sustancias activas permitidas en el trabajo agrario, como abonos, pesticidas, plaguicidas e insecticidas. Según la industria química, el recorte propuesto inicialmente por el Parlamento Europeo podría provocar una caída de hasta un tercio en el rendimiento de algunas cosechas de cereales, contribuyendo así a una nueva escalada de los precios de los alimentos básicos.
Los ministros de Agricultura de los Veintisiete tratarán de alcanzar pasado mañana en Bruselas un acuerdo sobre un texto que llevan debatiendo dos años y que se ha sometido a multitud de debates entre las instituciones comunitarias. Según indicaron fuentes diplomáticas, que no quisieron evaluar en qué medida se suaviza el recorte de productos prohibidos, la nueva propuesta de la presidencia satisface los intereses españoles, porque «está muy bien medida» y equilibra los intereses de la producción agraria con la protección medioambiental y de la salud humana. Esa será la postura que defienda la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que representará a España en el Consejo.
Tres áreas
El reglamento de productos fitosanitarios planea dividir a la UE en tres zonas definidas por sus características productivas y medioambientales, para obligar a los países comprendidos en cada una de ellas a acordar conjuntamente qué productos fitosanitarios pueden emplearse en sus territorios. Además, establece nuevos criterios de autorización de sustancias activas para que se garantice que no representan un peligro para la salud humana, el bienestar animal o el medio ambiente, y se endurecen y homologan los procesos legales para su aprobación. Según algunos expertos, la nueva reducción rebaja el veto al 40% de las sustancias actuales.
Comercialización
Por otro lado, el Consejo de Ministros Agricultura de la Unión Europea debatirá también a propuesta española la intención de la Comisión de flexibilizar las normas de comercialización de frutas y hortalizas, que España rechaza porque, a su juicio, estas dotan de transparencia al mercado, facilitan las transacciones y contribuyen a colocar en situación de igualdad a productores y distribuidores, en un sector en el que los primeros están muy atomizados y sometidos por lo general al poder de decisión de las grandes cadenas de comercialización.
Además, los ministros tienen previsto debatir la situación del mercado agrícola y la evolución al alza que han experimentado los precios de los alimentos, tras un análisis que expondrá la comisaria de Agricultura, la danesa Mariann Fischer Boel. Precisamente, Fischer Boel hará públicas al día siguiente en Estrasburgo las conclusiones del chequeo al que ha sometido su departamento a la política agraria común (PAC), así como sus propuestas para reformarla.
En ese sentido, Elena Espinosa planteará la necesidad de poner al servicio de la PAC los instrumentos necesarios para que la nueva estrategia satisfaga eficazmente su objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos a precios razonables al mercado europeo.