Del análisis pormenorizado sobre la situación gallega se desprende que la estructura empresarial tiene capacidad para acoger trabajadores foráneos en los sectores menos productivos. Sin embargo, presenta problemas para retener a su personal más cualificado. Los datos que maneja el Gobierno gallego relativos a los menores de 30 años evidencian un saldo negativo. En el año 2006 se marcharon 11.785 jóvenes y entraron 6.792. Para corregir este desequilibrio, Traballo tiene previsto invertir 14,5 millones de euros en un programa para ofrecer a descendientes de emigrantes cursos de formación ocupacional con un compromiso de contratación en Galicia. Esta iniciativa, que ayuda a mitigar el impacto de la crisis demográfica, pivota sobre la construcción y la hostelería. Es decir, la comunidad gallega es capaz de atraer camareros y peones, pero ve cómo su personal más cualificado trabaja fuera. Este es un problema que se denuncia en prestigiosos informes. Un reciente estudio publicado por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) revela que, en esta autonomía, la presencia de titulados en las pequeñas y medianas empresas es muy reducida. Un 60% de ellas no disponen de ninguno y en el 78% de las pequeñas firmas los no titulados forman el 91% del equipo. La Xunta sostiene que al problema del éxodo de jóvenes debe dársele respuesta desde diversas políticas, como la educación, la vivienda y las infraestructuras. El bipartito entiende que no solo es un problema de generar actividades empresariales. En la Administración gallega consideran que la nueva provisión de fondos comunitarios hasta el año 2013 supone una oportunidad histórica para cambiar la tendencia y apostar por inversiones de valor añadido, que sean capaces de absorber más mano de obra cualificada y hacer frente a la temida deslocalización industrial. Touriño vaticina que la comunidad gallega alcanzará la convergencia con Europa en el año 2015.