La ayuda de 210 euros otorgada por el Ministerio de Vivienda para facilitar la emancipación de los jóvenes menores de 30 años empieza a generar algunos efectos distorsionadores en el mercado del alquiler, tal y como pronosticó el propio Solbes. La iniciativa, que desató fuertes críticas por su supuesto carácter electoralista, ha movilizado a miles de jóvenes, que tramitan estos días sus solicitudes.
Muchos de los que ya tienen un contrato de arrendamiento de importe más bajo, entre 250 y 400 euros, han visto cómo los propietarios han decidido subir el precio al saber que los inquilinos percibirán una ayuda de 210 euros. Así lo explica Jorge Carballal, que trabaja en Padrón y vive en A Estrada. «A mí me viene muy bien: tengo un alquiler de 280 euros, pero la dueña ya me ha dicho que tendrá que incrementarme la mensualidad unos 40; yo salgo ganando igual», explica satisfecho el joven mientras sale de la oficina.
Gran parte de las solicitudes que se gestionan estos días en Galicia son de menores de 30 años que ya viven alquilados. Y son ellos los que empiezan a notar las subidas. Los que todavía no se han emancipado tienen un mayor desconocimiento sobre los precios del mercado.
El repunte inflacionista no solo lo perciben los jóvenes. También las agencias inmobiliarias lo empiezan a constatar. Los intermediarios creen que el aumento del valor de los alquileres se debe a que el programa del Gobierno central obliga al arrendador a facilitar a la Administración sus datos bancarios, es decir, a alquilar el piso por la vía legalmente establecida. Eso implica que el propietario del piso debe declarar al fisco unos ingresos que antes podía ocultar, lo que aumenta su deuda con Hacienda. «Al tener que pagar más en la declaración tratan de compensarlo subiendo la renta de alquiler o firmando un contrato nuevo», explica Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación Gallega de Agencias Inmobiliarias.
Las empresas que intermedian en estas operaciones, sin embargo, advierten de que el repunte puede calificarse de leve y que obedece también a un fuerte incremento de la demanda por el efecto llamada que tiene la renta de emancipación. «La gran hiperinflación se produjo con la Bolsa de Aluguer del PP: no había límites en el precio y se daban ayudas de hasta el 50%», recuerda Rafael Rodríguez.
La Consellería de Vivenda, que se encarga de gestionar en Galicia el programa impulsado por el Gobierno central, mostró desde un inicio un cierto recelo a esta iniciativa. El departamento que lidera la nacionalista Teresa Táboas, de hecho, fijó un límite máximo al alquiler subvencionable de los pisos: 600 euros para las siete ciudades y 500 euros para el resto.
Preguntado por las quejas de los jóvenes gallegos sobre el incremento de precios, el Ministerio de Vivienda se mostró claro: «Si la iniciativa tuviera carácter universal sí sería muy inflacionista, pero se circunscribe a un colectivo concreto, que gana hasta 22.000 euros, y es difícil que eso se note en el conjunto del mercado».