Galicia es la séptima autonomía española que más dinero recibe de la Administración central, pese a ser la tercera más pobre. La comunidad ingresó en el 2005 procedentes de las arcas del Estado 1.422 euros per cápita netos, sumando el gasto del Ejecutivo central en territorio gallego y descontando el dinero aportado a la caja única en forma de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Canarias, Asturias, Ceuta, Melilla y Castilla La-Mancha tienen un saldo per cápita más favorable que Galicia, pese a contar también con un PIB per cápita mejor.
Madrid, muy destacada, junto con Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana son las autonomías más solidarias con el resto, al ser las que más contribuyen en términos netos a la Administración pública central y sus organismos, incluida la Seguridad Social. Los datos de estas balanzas fiscales , elaborados por los profesores Ezequiel Uriel y Ramón Barberán, corresponden al período 1991-2005 y acaban de ser publicados en un trabajo patrocinado por la Fundación BBVA.
El estudio revela, además, que no siempre las comunidades más ricas son las que más aportan. La comparación pone de manifiesto que Madrid, la autonomía que se alza al puesto de mayor contribuyente neto per cápita, es, a su vez, la que disfrutaba de mayor renta por habitante en el año en que se realizó el estudio. Cataluña mejora su posición relativa en el ránking de la solidaridad territorial, al ser la segunda que más fondos aporta por habitante, mientras se sitúa en el cuarto puesto en el PIB per cápita.
Navarra y País Vasco
Los autores destacan el especial desequilibrio que se registra en las comunidades con régimen de financiación propio. Navarra, en el puesto dos por su nivel de riqueza por habitante, desciende al séptimo por su contribución neta -la segunda comunidad más opulenta no solo no aporta, sino que recibe 584 euros per cápita-. El País Vasco, tercero en renta per cápita, baja al noveno cuando se mide su aportación. En menor escala, el fenómeno se reproduce con otros tres territorios que disfrutan de singularidades tributarias: Canarias, Ceuta y Melilla.
El trabajo imputa los ingresos aportados a la Administración central -impuestos, cotizaciones sociales y otros- al territorio donde residen las personas que finamente soportan la carga, con independencia de dónde se localiza la recaudación. Los gastos -de consumo, subvenciones, inversión y otras transferencias- se atribuyen al territorio donde residen las personas que consumen los servicios públicos o perciben los beneficios de las distintas políticas.
El saldo fiscal de un territorio es el reflejo de la cesión o mejora del bienestar que obtienen por efecto de la actividad redistributiva que ejerce la Administración pública central.
Los autores del estudio también han medido las relaciones económicas de las autonomías con la Administración central, excluida la Seguridad Social contributiva. Entienden que de este modo se puede estimar mejor la solidaridad interterritorial, al excluir fenómenos como el desajuste producido por los cambios de residencia. Sin la Seguridad Social contributiva, las diferencias se agudizan en los territorios con fiscalidad propia -Navarra pasa del puesto 2 en PIB por habitante al puesto 12 por saldo a la Administración central- y se moderan en el resto.