La reciente sentencia del Tribunal Supremo que cuestiona la legalidad de las empresas para controlar las páginas web por las que han estado navegando sus empleados ha encendido alertas en la patronal gallega. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas de la comunidad autónoma no han establecido aún reglas de uso para Internet entre sus operarios, algo habitual entre las grandes firmas. Ninguna de las industrias con medidas de seguridad interna en la Red reconoce, en cambio, hacer seguimientos de la navegación por Internet que hacen sus asalariados. Tampoco la Administración pública gallega, que sin embargo trabaja en el establecimiento de restricciones informáticas de acceso. Estos controles personales fueron el argumento utilizado por el Supremo para dar la razón a un empleado coruñés despedido por visionar contenidos eróticos desde su puesto de trabajo.
Banco Pastor, Caixanova, Caixa Galicia, el gigante PSA Peugeot Citroën, la multinacional textil Inditex o grandes centros comerciales como El Corte Inglés admiten haber establecido filtros como precaución ante posibles malos usos de la web. La práctica más común es bloquear el acceso a determinados contenidos, en función del puesto que desempeñe cada operario. Además de los portales eróticos, estas restricciones de acceso impiden descargar música o cine, visionar la prensa diaria o, en algún caso, el uso de foros o chats. Este «filtrado» es conocido por todos los trabajadores y se realiza por motivos de seguridad. En cambio, ninguna gran empresa admite estar aplicando controles específicos para saber por dónde navegan sus empleados o, por ejemplo, el tiempo de utilización de Internet de cada persona.
Entre las pymes, sin embargo, reina la anarquía. Agencias de viaje consultadas en Vigo, Santiago y A Coruña; inmobiliarias de Ferrol o Lugo; y establecimientos comerciales de Vigo o Pontevedra, en todos los casos escogidos al azar, coincidieron ayer al afirmar que hacen un uso de Internet «totalmente libre» y sometido únicamente «al buen criterio de cada trabajador».
Manuel Ángel Alonso, director para Galicia de Sistemas Avanzados de Tecnología (SATEC), una de las firmas líderes en la comunidad en la implantación de software avanzado, advirtió ayer que «cada vez con mayor frecuencia» hay empresas que solicitan mecanismos de seguridad para el uso de Internet. «Lo más habitual -explica- es limitar el acceso a foros, prensa que no tenga vinculación con el trabajo, o contenidos inapropiados».
A partir de 3.000 euros se pueden montar sistemas de control sobre Internet en sociedades de hasta 20 empleados. Con cuotas mensuales de 60 euros, el software permite hacer seguimientos sobre cada usuario y conocer, por ejemplo, quién accede en cada momento, y desde qué ordenador, a cualquier contenido web. «Lo importante -señala Alonso- es que la empresa fije las reglas desde el principio y que su área de recursos humanos e incluso los sindicatos participen de estas medidas».