El Tribunal de Cuentas inició un proceso de reintegro por alcance contra el ex alcalde de Agolada, Manuel Costa Casares; el actual alcalde y entonces tesorero recaudador, Ramiro Varela y el secretario municipal como interventor por no haber llevado a cabo entre los años 1993 y 1999 el cobro por ejecutiva de recibos del suministro de agua. La cantidad que se dejó de percibir por no realizar ese proceso fue de un total de 3.600 euros.
Ayer en el Boletín Oficial de Pontevedra se publicaba un edicto del Tribunal de Cuentas a través del cual se daba a conocer que el tribunal seguía un procedimiento de este tipo en el Concello de Agolada y se instaba a que «los legalmente habilitados para el mantenimiento y oposición a la pretensión de responsabilidad contable» puedan comparecer en autos dándoseles un plazo de nueve días.
Al parecer el procedimiento se abrió a raíz de la información recogida y el informe elaborado por el Consello de Contas que en el 2006 realizó una inspección fiscalizadora del Concello de Agolada.
En aquel caso se analizaron las cuentas municipales correspondientes a los años 2003, 2002 y 2001. El procedimiento se sigue contra el ex alcalde como máximo responsable del Concello, al tesorero por tener que llevar a cabo la recaudación de esos recibos y al secretario en teoría por no informar de eso.
Por aquel entonces en el concello de Agolada no había ni ordenadores. Los recibos que quedaron pendientes de cobro y que suman en esos siete años 3.600 euros son los recibos que no fueron pagados por la vía voluntaria por los vecinos.
Lo que no se hizo fue iniciar el cobro por la vía ejecutiva procediendo a aplicar sanciones y llegando al embargo si era preciso de esas cantidades a los vecinos que no pagaron. Al parecer la razón fue la falta de medios y de personal para poder llevar a cabo esta tarea durante esos años. El Tribunal de Cuentas lo reclama ahora a los responsables municipales de estas tareas en aquel entonces al entender que el Concello pudo dejar de percibir ese dinero por no realizar el procedimiento oportuno.
Lo que sí cobró el Concello de Agolada durante ese período fueron los recibos de agua en voluntaria. Los implicados en el proceso podrán recurrir. El proceso es indemnizatorio y al final los presuntos inmutados podrían tener que hacer frente a esta cantidad.