Los siete miembros que integraban la comisión de gobierno de A Estrada durante el último mandato del alcalde popular Ramón Campos prestaron declaración ayer ante la jueza estradense por un presunto delito de prevaricación denunciado por la Agrupación estradense para a defensa do rural e do urbano (Aedru).
El colectivo acusa al equipo de gobierno de haber concedido cuatro licencias de ocupación de otros tantos edificios del casco urbano estradense de forma irregular. La denuncia se refiere a tres construcciones situadas en la Avenida de Santiago y a otra ubicada en la calle Fernando Conde promovidas por las empresas Dosemas, Bamarti y Segarve. Aedru sostiene que las obras realizadas por las constructoras no se ajustan a lo previsto en sus respectivos proyectos. Acusa al Concello de haber incurrido en un delito de prevaricación por conceder las licencias de primera ocupación a pesar de tener conocimiento, a través de los informes de los técnicos municipales, de las modificaciones existentes.
Las licencias de ocupación fueron aprobadas en varias comisiones de gobierno celebradas durante los años 2004 y 2005. Entonces eran miembros de la comisión el alcalde, Ramón Campos, y los ediles José Antonio Maceira, Ana Constenla, Manuel Somoza, Manuel Arca, José Manuel Reboredo y José López. Solo los dos últimos continúan en la política local: José López como edil del PP -ahora en la oposición-, y José Manuel Reboredo, como concejal por Cidadáns de Galicia.
Los ex miembros del equipo de Campos fueron citados para las 11.00 horas y fueron prestando testimonio de uno en uno. Las declaraciones se prolongaron hasta las dos de la tarde.
Variaciones mínimas
Los inculpados defendieron su inocencia ante la jueza. Reconocen que conocían los informes técnicos que informaban de la existencia de desajustes en las obras definitivas respecto al proyecto. Sin embargo, insisten en que se trata de desajustes mínimos, en muchos casos de escasos centímetros. Además, según aseguran, las variaciones sobre el proyecto no afectan a suelo público ni a zonas verdes.
Los miembros del equipo de Campos insistieron en que en ningún momento actuaron con mala fe, sino convencidos de que la escasa magnitud de las variaciones del proyecto no podía ser considerada infracción urbanística. Los inculpados consideran que no se cometió ilegalidad alguna.
Tras las declaraciones de ayer, el proceso continuará con la remisión al fiscal de las declaraciones y de toda la documentación del caso.
Después, el juzgado tendrá que decidir si archiva el caso o si se sigue adelante con la querella y se celebra el juicio por prevaricación contra los siete inculpados.