En su rol fiscalizador y como primer paso el grupo sindicado de acreedores del Celta (el tercer máximo accionista) ha decidido poner toda la documentación de la reducción de capital decidida por el consejo de administración de la sociedad en manos de una consultoría para saber si todo es correcto o por contra, los promotores de la idea pudieron incurrir en un fraude encubierto con los acreedores a los que no se les advirtió de la reducción, cuestión que según su misma versión, se repite con el juez que tutela el proceso concursal. Lapremisa es saber si la reducción se adecúa al acuerdo del convenio concursal. «A priori parece claro y evidente que se infringe», comenta Pablo Viana, uno de los letrados y miembro del grupo fiscalizador. En un par de semanas el informe debería estar elaborado.
Existen dudas también sobre la celeridad de la reducción y de la explicación esgrimida por parte del club con la causa de disolución como telón de fondo. La discusión está fundamentada en el artículo 163.1 de la Ley de Sociedad relativa a los casos obligatorios de reducción de capital. El epígrafe en cuestión especifica que «la reducción del capital tendrá carácter obligatorio para la sociedad cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto».
El principal punto de discrepancia aparece en ese ejercicio social (una temporada). Se preguntan porqué en vez de aplicar una reducción que bordea el máximo permitido por la Ley del Deporte no se intentó conseguir un balance positivo en las cuentas del 2009. En todo caso, a 30 de junio del próximo año -cuando se presenten las cuentas de este ejercicio- sería el momento de proceder a la reducción.
El grupo sindicado confiere este informe «a un grupo de primera línea a título informativo, con prudencia y a la espera. Nosotros no somos oposición, pero queremos ejercer el derecho de fiscalización». Con el papel de Caixanova por determinar (entre el apoyo a Mouriño o la inhibición dentro en la gestión) se consideran el segundo grupo accionarial con independencia de la reducción, pero también se cuestionan como su crédito se ha devaluado a la sexta parte en 24 horas. Se preguntan también cómo pueden sentirse «aquellos aficionados que en 1992 pusieron 10.000 pesetas (60 euros)» para suscribir una acción que a día de hoy pasa a valer 10.