«Usted lo que quiere es el 51% para hacer y deshacer en el Celta a su antojo». La frase de un accionista minoritario en la junta extraordinaria del pasado martes tenía miga.
En apariencia el control de Carlos Mouriño sería el mismo (absoluto) con el 39% actual o con más del 50%, sin embargo la operación acordeón parece ir encaminada a blindar su consejo de administración y nombrar en exclusiva a gente de su confianza.
La decisión choca a primera vista con las tesis que siempre ha defendido el propio presidente: Transparencia de gestión, especialmente en materia económica, y apertura del club a todo el celtismo. Al mismo tiempo, y en reiteradas ocasiones, el rector reclamó que apareciesen las empresas de Vigo para tirar por el club.
Más tangibles son los hechos derivados de la ampliación de capital aprobada. Para el club supone un desembolso cero en euros que los acreedores capitalicen la deuda en acciones. En teoría es la mejor opción, pero el desarrollo de los acontecimientos no va en el mismo sentido.
Desde que emergió a la superficie el grupo sindicado desde el Celta se habla de «tranquilidad» y que no habría problema alguno porque Pablo Viana, Pablo Estévez o Sergio Sánchez entrasen en el consejo de administración, pero en la práctica han aparecido fórmulas (reducir en lo posible su porcentaje) para anular la posibilidad de contar con un agente fiscalizador en la dirección que se nombre el próximo diciembre.
Desde el grupo crítico apuntan que entendieron el mensaje de la reducción de capital y posterior ampliación con los 4 millones adelantados por Mouriño desde el primer momento y que el discurso del accionista no iba tan descaminado. La lucha por el control absoluto se ha desatado.