polémica Comprar partidos sale gratis

Casi todo el mundo jugó a 1 fijo aquel Athletic-Levante de la última jornada de la 2006-2007. Los granotas estaban descendidos y los bilbaínos luchaban por la permanencia. Los pocos que se arriesgaron con las variables no perdieron la fe hasta el minuto 60, cuando la portentosa actuación de Molina no alcanzó para frenar la enésima llegada de los locales.

La última quiniela con partidos de Primera de esa temporada fue tan previsible que hubo 50 acertantes de 14 y 15. Quizá las palabras de Iñaki Descarga, capitán de aquel Levante, a Julio Romero, que entonces presidía el club, tuvieran algo que ver con la falta de sorpresas: «Ahora todos quieren la prima. Está metida en una caja fuerte. Si tú ves el partido, no se puede decir que esté amañado».

Tras esta frase se esconde un descenso (fue el Celta el que acabó en Segunda, pese a ganar al Getafe), un reparto adulterado de los casi quince millones de euros que recaudó la quiniela aquella jornada y cero sanciones: Descarga juega en Polonia y Romero se dedica a sus labores después de vender el equipo el año pasado. Tras difundirse la grabación, ambos amenazaron con acciones legales, pero ni las impulsaron ni fueron objeto de ellas. Tampoco las ha habido en otros ocho presuntos casos de amaño destapados esta temporada; algunos, perfectamente documentados.

«Faltan instrumentos»

Los clubes implicados no denuncian y los perjudicados lo asumen como algo inherente ya a la competición. «Cada vez se compran más partidos», apuntaba hace unos días Mario Bermejo, delantero del Xerez. Los encargados de organizar el torneo, a quienes correspondería velar por su limpieza, aseguran que «faltan instrumentos» para combatir el fraude.

Desde la Liga de Fútbol Profesional afirman que aunque «la preocupación es grande» les resulta imposible «perseguir cualquier rumor». Su portavoz apuntaba ayer que hace un año que contactaron con el Consejo Superior de Deportes para transmitirles «un borrador de proyecto de ley» que facilitara la persecución de los amaños.

En el CSD también alegan ausencia de medios para justificar su no intervención en estos casos. Recibieron la propuesta de la LFP y en febrero reclamaron que se introdujera el delito del «fraude deportivo» en la reforma del Código Penal. El Ministerio de Justicia es el último eslabón de la cadena.

Allí no han tenido en cuenta la petición del Consejo al elaborar el anteproyecto de reforma. No hay rastro del fraude deportivo. En el departamento que dirige Francisco Caamaño explican que todavía hay tiempo para retocar el documento, pero no pueden decir si lo harán. Hay «muchos más temas de los que ocuparse», mientras la compra de partidos sale gratis.