Los dirigentes de los clubes lo volverán a hacer. Pondrán encima de la mesa el agujero negro que ellos mismos han generado y desafiarán al Estado. Trasladarán a los políticos la responsabilidad de la hipotética desaparición de históricas entidades y solicitarán que les arreglen el asunto. Esto ya sucedió en dos ocasiones.
¿Cuál será la respuesta del Estado ante el reto? En principio, no debería ser otra que la ley. Pero al igual que los dirigentes del fútbol han evidenciado cierta alergia al cumplimiento de las normas, los políticos han mostrado pánico a la hora de fiscalizar y sancionar a aquellos que se han saltado el código legal vigente.
No extraña, por tanto, que haya un cierto escepticismo sobre la actitud que tomarán nuestros gobernantes. Pero los políticos también deberían anotar el dato demoledor que revela Sondaxe. El 80% de los gallegos no quieren que la Administración asuma la deuda de los clubes. El fútbol seguirá existiendo si se dejan de pagar sueldos multimillonarios. El balón seguirá rodando si las comisiones se redimensionan y si el peso de la ley cae sobre los directivos que se la saltan. En definitiva, todo irá mejor si los gobernantes defienden los intereses de todos y no los de los dirigentes del fútbol, verdaderos beneficiarios del auténtico desfalco que se ha cometido en España bajo la excusa del balón.