Fernando Santodomingo Fernández, auditor que firmó las polémicas últimas cuentas del Deportivo, ha interpuesto una demanda contra el club coruñés por una supuesta deuda de 11.945 euros (unos dos millones de pesetas).
Según la documentación presentada en la demanda que figura en un juzgado de primera instancia de A Coruña, el Deportivo tenía que hacer frente a unos pagos de alrededor de 34.000 euros (algo más de cinco millones y medio de pesetas) de los cuales solo habría satisfecho unos 22.000, quedando todavía por pagar la cantidad reclamada de 11.945 euros.
La demanda interpuesta por Fernando Santodomingo es de procedimiento monitorio, de modo que si el Deportivo no la responde y no cumple con las cantidades, automáticamente el juez autoriza la ejecución de los embargos necesarios hasta cubrir la cantidad. Este proceso se utiliza en litigios en los que las cantidades reclamadas son inferiores a 30.000 euros y el acreedor documenta la deuda. En caso de que el club se oponga, al ser la reclamación superior a 3.000 euros, el proceso derivaría en un juicio ordinario.
La reclamación realizada por el auditor coruñés es en concepto de las últimas actuaciones que tuvo con el club. Fernando Santodomingo concluyó su etapa el pasado 30 de junio con el informe de cuentas que se someterá a aprobación de la junta de accionistas de la entidad blanquiazul el próximo mes de diciembre.
La Licencia UEFA
Su última actuación conocida (al margen del informe de cuentas que se presentará en la próxima junta) fue con motivo de la documentación presentada por la entidad que preside Lendoiro ante la delegación española de la Licencia UEFA.
En aquel momento, después de dos moratorias, el Deportivo presentó un informe en el que Fernando A. Santodomingo Fernández asumía que el club coruñés no había contraído deuda alguna con instituciones públicas, entidades deportivas o empleados durante el ejercicio 2005-2006.
La figura de Santodomingo cobró protagonismo en las últimas juntas de accionistas, cuando algunos de los socios se quejaron de que el club contratara a un auditor juzgado por un delito de falso testimonio.
En aquella junta se pusieron en entredicho las cuentas que él firmaba y que, en una asamblea posterior, el Deportivo explicó convirtiendo en largo plazo la deuda a corto plazo y sorprendiendo con una tasación de concesiones por valor de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas).