El PSOE de Miño denunció ayer que la UTE adjudicataria de la urbanización prevista en el monte Piñeiro «ha iniciado los trámites para la liquidación del contrato administrativo firmado con el Concello de Miño para elaborar la ordenación y proceder a la ejecución por el sistema de expropiación del sector R-3», además de «solicitar los tres millones de euros que presentó en concepto de adelanto por el canon de concesión».
Los socialistas entienden que esta decisión de la UTE responde a una sentencia de mayo del 2011 que declaró nulo el acuerdo del 2006 en el que se licitaba y adjudicaba a esta unión temporal de empresas la urbanización de Piñeiro: «La UTE interpreta que esta nulidad conlleva la liquidación del contrato, por lo que solicita al Concello de Miño la iniciación del expediente de liquidación, reclamando los costes en que ha incurrido, es decir, los tres millones adelantados por el canon y elaboración del plan parcial del proyecto de urbanización». El PSOE también considera que la empresa «deja para más adelante determinar los daños y perjuicios sufridos y prevé reclamar en la forma y cuantía legalmente establecida».
Sin problemas con la UTE
Por su parte, el gobierno local explica que no existe ningún tipo de problema con la UTE y que esta reclamación responde al cambio de sistema de expropiación a desarrollo por compensación. Sobre esta modalidad, el gobierno local explicó que el Concello se queda con el 10 % del aprovechamiento de la obra. Así, explica que negociará con la empresa «cómo le devuelve los tres millones», pero indica que es algo que no les preocupa porque sacarán «más» del 10 % de aprovechamiento: «El único que pone problemas es el PSOE, porque con la empresa no hay ningún problema. Tiene que reclamar este dinero al cambiar el sistema», dijo el gobierno local.
Los socialistas consideran que esta situación es resultado «una vez más de la pésima gestión del urbanismo realizada por Maceiras y su equipo en Miño». Consideran también que «logra crear un problema donde podría haber una fuente de riqueza para el pueblo, mientras los vecinos tienen que malvender sus tierras antes de ser expropiados y ahora las arcas tendrán que devolver tres millones».