El Ayuntamiento de A Coruña considera que las infraviviendas no son legalizables
23 nov 2011 . Actualizado a las 12:12 h.El Boletín Oficial de la Provincia publicó el pasado 4 de octubre que el Ayuntamiento de A Coruña le abría expediente disciplinario a la empresa Maritoria S.L. Según recoge el texto enviado por el departamento de Urbanismo a la publicación oficial, esta empresa realizó «obras sin licencia e ilegalizables» que consisten «en la división de una vivienda en infraviviendas».
El inmueble está situado en pleno centro coruñés, en el número 7 de la calle Modesta Goicouría, muy cerca de Riazor y también de la plaza de Pontevedra. Allí todavía viven dos inquilinas, M.I.L.G. y M.D., que aseguran que «si no hubo un incendio es por los apaños que hicimos nosotras». Asimismo, el Ayuntamiento coruñés le dio un plazo de 15 días a esta empresa para presentar alegaciones y documentaciones «antes de que se ordene la demolición de las obras».
La primera inquilina, que lleva cerca de tres años en el inmueble, indicó que fueron los vecinos los que presentaron una denuncia al ver que se estaban realizando obras en el inmueble sin notificar nada a la comunidad, versión también confirmada por la propia comunidad de vecinos, que tomó esta decisión en una junta en el 2009. La inquilina explicó que las obras «no reúnen las autorizaciones necesarias y hay problemas de todo tipo, con pérdidas de agua y con el fregadero».
360 euros por «habitación»
En total, son seis habitaciones y «en cada una de ellas hay un baño con cocina sin que tenga salida de humos», dijo. Los 115 metros cuadrados que mide el piso se dividen en seis estancias, «la más pequeña puede tener entre 15 y 20 metros cuadrados y la más grande puede llegar a 40», afirmó. También explicó que las habitaciones se alquilaban «por 360 euros, mientras que la grande costaba 390 euros más 40 de gastos».
Por su parte, el dueño de la promotora negó todas las acusaciones. Dijo que «todo estaba en regla», que «tenía licencia para la realización de las obras» y que ya había presentado las alegaciones porque el proceso administrativo está abierto y «todavía no hay nada definitivo», según afirmó.