Los cuatro partidos de la futura corporación se conjuran para buscar una solución
06 jun 2011 . Actualizado a las 12:05 h.Una vez conocido el auto judicial que insiste en la demolición del Conde de Fenosa, en María Pita todos se han puesto a soplar en la misma dirección. Los portavoces de los cuatro partidos que formarán la futura corporación -PP, PSOE, BNG y EU- todavía no se han sentado para hacer una declaración conjunta en contra del derribo y es probable que no lo hagan nunca, pero por separado, con algunos matices, todos vienen a decir lo mismo, que hay que encontrar una solución porque el edificio «no puede ser derribado». Por dos poderosas razones. Primero, por el daño que supondría para las cien familias y empresarios que ahí viven y trabajan. Y segundo, porque significaría la quiebra del Ayuntamiento, pues las indemnizaciones podrían dispararse hasta los 60 millones de euros, casi el doble de la partida anual para inversiones y obras en la ciudad.
Salvo algún que otro reproche -el portavoz del BNG insiste en depurar responsabilidades-, los políticos coruñeses parece que han rebajado la tensión eliminando el caso Fenosa de la batalla política, conjurándose únicamente para evitar a toda costa el derribo. Los cuatro se ofrecen para ayudar.
El primero, el PP, que hasta hace dos semanas era el más beligerante con el gobierno local y ayer le brindaba su respaldo. Concienciados de que tendrán que asumir a partir de ahora la batalla judicial, se mostraron «confiados en que el gobierno local tiene preparado un plan alternativo para defender los intereses de los vecinos desde el momento en que presentó el recurso, ante la posibilidad de que el TSXG lo rechazase, tal y como ha sucedido».
De hecho, es muy probable que la última decisión que tome el gobierno de Javier Losada antes del traspaso de poderes el próximo sábado sea la presentación del cuarto recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Lo tiene que hacer si no quiere que se esfumen todas las opciones de recurso. El TSXG les dio a las partes afectadas -Ayuntamiento, Fadesa y comunidad de propietarios- 5 días para presentarlo y el plazo (que probablemente empiece a contar el martes) concluye el próximo sábado, el mismo día en que Carlos Negreira jure su cargo como alcalde. Luego será él quien tenga que dar los siguientes pasos para evitar la demolición o, en su caso, llevarla a cabo.
Por lo de pronto, el partido popular mostró ayer su «solidaridad» con los vecinos del edificio, «que están siendo víctimas de una irregularidad urbanística». El equipo de Negreira dice estar a la espera de conocer la alternativa que maneja el gobierno municipal tras la desestimación del recurso de súplica. Además, aguardan «una reunión urgente entre la actual concejala de Urbanismo y los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que se plantee una solución legal que despeje la incertidumbre de los vecinos del inmueble y evite a los coruñeses la posible indemnización millonaria que podría resultar del cumplimiento de la sentencia». Pero lo que está claro es que «el grupo popular se pone a disposición del gobierno municipal para colaborar y encontrar una salida a este grave problema».
Viene a ser lo mismo que lo que siempre defendió el alcalde. Javier Losada no contempla la demolición. Aunque respeta el fallo, sostuvo numerosas veces que «la decisión que tomó el Ayuntamiento para adecuar la licencia es acorde con el planeamiento urbanístico».
Mientras, el portavoz de EU, César Santiso, anunció que esta semana propondrá una solución al resto de grupos para evitar la demolición. Cree que hay que llegar a un acuerdo no solo por el bien de los vecinos, también porque un derribo «suporía a bancarrota do Concello».