A las nueve de la mañana de ayer la plantilla del juzgado de paz de Sada alertó de que el local no tenía agua. El alcalde, el nacionalista Abel López Soto, destaca que la sorpresa se la llevaron cuando llamaron a Aquagest, la empresa responsable del suministro, y les comunicó que no se debía a una avería, sino a un impago. Además, que no era una cosa reciente, sino que la última factura fue abonada en el 2004. «Debían 917 euros», explica, y lo hace utilizando la tercera persona porque dice que heredaron el sistema de gestión que había cuando gobernaban los populares, y que consistía en que «desde o Concello pasábaselles unha asignación e pagaban desde o xulgado os gastos, que despois xustificaban».
La solución se solventó ayer mismo por la mañana, cuando el Concello dio la orden de que a partir de ahora se domicilie ese recibo y se cobre directamente de la cuenta municipal. López Soto asegura que no ha sido el único incidente, ya que algo similar pasó con la fotocopiadora, que no se pasaba a arreglar porque nadie pagaba el mantenimiento. «Imos xestionar todo desde o Concello, e para os gastos xerais que fagan propostas como o resto dos departamentos. Hai que fiscalizar a situación», reconoce. «A isto hai que sumar que os gastos incrementáronse desde os 2.000 euros no 2007 ata os 6.000 neste ano», explica.
Este último incidente se une a otros que han puesto a este juzgado en el punto de mira informativo por unas más que cuestionables instalaciones, que habían sido denunciadas por CC.?OO., que las calificaba de insalubres.
En el rosario de deficiencias, en un espacio en el que trabajan tres personas, se detallaban olores fétidos en especial los días de lluvia, la inexistencia de ventanas practicables y el elevado grado de humedad, que ha llevado a que parte de la documentación quede ilegible. Ante esta situación, desde Inspección de Trabajo se realizó una visita a las instalaciones e incluso se solicitó la comparecencia de representantes de la Consellería de Xustiza tanto a nivel de obras como de prevención. Posteriormente, la Xunta confirmó este mes que se repararán las instalaciones.
Barreras arquitectónicas
Más allá de considerarse una buena nueva, Estrella Añón, delegada de CC.?OO. en el sector de Justicia, cuestiona que se acometa este arreglo y reclama una reubicación para el juzgado «porque as obras van ter un custo moi elevado e non van solucionar a maioría das deficiencias do local». Añón destaca que aunque desde la Xunta se notificó el arreglo que se realizará en el local, no se prevé modificar cuestiones como las puertas, que suponen una barrera arquitectónica e impedirían el paso de personas en sillas de ruedas. Considera que solo un traslado garantizaría un servicio adecuado para el público y la salud laboral de la plantilla.