Vecinos de Orillamar dieron la voz de alarma en enero y la polémica siguió viva dos meses

El mejor plan de la historia, en palabras de Losada, pasará a la misma también como uno de los que mayor debate generó en la calle. Aún no llegada la mitad de enero y de la mano de vecinos de Orillamar surgió la primera noticia sobre el fuera de ordenación parcial, una figura legal recogida en la práctica totalidad de los ordenamientos y que, en aquel momento, se comenzaba a ver como una amenaza a sus propiedades.

El 19 de enero, la asociación de vecinos de Monte Alto convocó una asamblea para debatir un asunto que intuían podrían desencadenar una devaluación de las propiedades inmobiliarias. Ante la inquietud vecinal, la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, explicó que la norma que fijaba la altura de los edificios en función del ancho de la calle en la que se encontraban solo pretendía fomentar una rehabilitación a futuro, y que en todo caso se perdía «un valor subjetivo».

La oposición encontró entonces un filón e hizo bandera de la preocupación vecinal. La inquietud pasó a polémica en toda regla en el ámbito político y desencadenó una sucesión prolongada de declaraciones, cruces de acusaciones, réplicas y contrarréplicas. El debate se mantuvo vivo con noticias o valoraciones casi a diario, y manifestaciones que oscilaron del catastrofismo a la minimización.

Carlos Negreira, portavoz del PP, habló de «auténtica expropiación forzosa del patrimonio de centenares, diría miles, de coruñeses». Eso fue el 23 de enero, y el alcalde salió al paso cuatro días después para rechazar de plano tal posibilidad: «¡Por Dios, que no estamos locos! Si es preciso mejorar la redacción de ese artículo para que no haya ningún tipo de duda, se hará».

De nada sirvió que una y otra vez y por boca de la práctica totalidad de los miembros del gobierno local se insistiese en que nada devaluaría los hogares coruñeses. La bola no dejó de crecer y la ola de preocupación ciudadana -las colas colapsaron la Casa del Agua para presentar alegaciones- convivió semanas con nuevas manifestaciones desde el ámbito político, pero también desde sectores profesionales. El propio Busquets terció en el conflicto, y el Colegio de Arquitectos, asociaciones vecinales, promotores inmobiliarios y los administradores de fincas, a los que se vinculó con la campaña de buzoneo de modelos tipo para presentar alegaciones con el PP. Hasta dos meses después no bajó de tono la polémica sobre un plan que aún debe aprobar definitivamente la Xunta.