El Gobierno se ha metido en un callejón sin salida. Para nada se esperaba que la detención de los dos piratas somalíes anunciada a bombo y platillo como toda una gran hazaña militar se iba a convertir en arma arrojadiza y, lo peor, en el gran escollo para la liberación de 36 personas que desde hace 36 días viven atemorizadas por una banda de delincuentes drogados y armados hasta los dientes.
El problema económico está resuelto, pero la segunda condición que exigen los piratas es imposible de solucionar, al menos si se intenta por medios legales.
Y eso es lo que habría que decirles a los familiares. Admitir que no se puede entregar a los dos piratas, que ya están en manos del poder judicial, y que habrá que buscar otras vías alternativas. Lo que no puede pedir el Gobierno es tranquilidad, decir que todo se halla bajo control y que están trabajando para conseguir la liberación. Porque con la situación bajo control y haciendo todo lo posible para liberarlos se está desde el 2 de octubre. Desde entonces van 36 días y no hay resultados.