El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, al que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de limar cuatro metros de su finca, acudió al amparo de la Xunta de Galicia en septiembre del 2004 para evitar el derribo de parte de su vivienda. En julio de ese año, la Consellería de Pesca impuso una multa de algo más de dos mil euros al regidor oleirense por considerar que el chalé que se construyó en Santa Cruz invadía parcialmente la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, sin la preceptiva autorización.
Además, la Consellería de Pesca ordenó a García Seoane a restituir el estado inicial del terreno. Fue la Demarcación de Costas la que había presentado la denuncia inicial.
Solicitud de una entrevista
Así las cosas, el 10 de septiembre del 2004, el alcalde de Oleiros apeló directamente la intermediación del presidente de la Xunta de entonces, Manuel Fraga. «El motivo de haber solicitado una entrevista con usted es debido a la situación de difamación a la que estoy siendo sometido», señalaba el regidor en la misiva. «Como usted sabe -continuaba García Seoane-, yo soy una persona que siempre he respetado las leyes, en concreto la Ley de Costas y pienso que uno de los alcaldes que más la ha defendido y aplicado en este país».
Con su carta, el alcalde de Oleiros adjuntó una síntesis de las actuaciones llevadas a cabo en su vivienda, así como las pendientes de resolución del recurso de alzada presentado ante el Conselleiro de Pesca. El regidor oleirense aseguró entonces a Fraga que estaba siendo objeto de «difamación» a causa de las filtraciones «que han dado a conocer cada paso del expediente sin que este estuviese resuelto, e incluso sin que a mí, como interesado, se me hubiese notificado su apertura como ocurrió el pasado mes de enero», explicaba.
En la misma carta, García Seoane consideró esta forma de proceder como un «delito por parte del funcionario o responsable político que así procediera».