Ártabra tiene que derribar tres naves declaradas ilegalizables por la Xunta

M.?C.

A CORUÑA

Ártabra tendrá que ejecutar el derribo de tres alpendres declarados ilegalizables por una resolución de la anterior Consellería de Política Territorial que vio la luz en febrero del 2006. Al mismo tiempo, deberá regenerar los terrenos afectados por el acopio de tierra que realizó en su día. Eso es lo que se desprende de la sentencia dictada el pasado 21 de mayo por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desestima el recurso interpuesto por la empresa contra la citada resolución de la Xunta. Ya en su momento los vecinos de la zona habían reclamado la ejecución de la resolución.

El alto tribunal recuerda que la resolución de Política Territorial muestra que «las obras fueron realizadas careciendo de la preceptiva autorización autonómica porque, entre otras cosas, se construyeron sobre suelo rústico de protección litoral». Al mismo tiempo, explica que el suelo en el que levantaron las naves depuradoras que están en litigio y los alpendres impedía ejecutar las obras porque el terreno carecía de la pertinente autorización autonómica.

También recoge el documento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que «no es necesario dar oportunidad de legalizar lo que es ilegalizable, como ha declarado reiteradamente la jurisprudencia». También entiende que los cierres y el muro ejecutado en dos naves para depurar agua y en el muro que tienen esos inmuebles excedieron el proyecto presentado, como comentan los informes técnicos, pero también fueron levantados en suelo no urbanizable protegido.

Al mismo tiempo, recuerda que las instalaciones están ubicadas en los cien metros de servidumbre que hay que dejar libres en base a lo estipulado en la legislación para la protección del litoral.

Licencia

La Xunta también requería en el documento al Concello de Arteixo revisar la licencia de obras concedida en su día para mejorar el tratamiento de aguas. Esta fue otorgada por el anterior Gobierno municipal, regentado por los populares. Lo que no especifica el dictamen es el plazo para ejecutar la resolución marcada por la anterior Xunta.