El Defensor del Pueblo recordó en un informe al Ayuntamiento coruñés su deber legal de obtener la autorización de la Delegación del Gobierno antes de instalar cámaras de videovigilancia. Este informe del 2008 fue presentado ayer por el responsable de la institución, Enrique Múgica, al presidente del Congreso, José Bono.
Una queja que recibió el Defensor del Pueblo motivó este informe, ya que después de una investigación se constató que el Ayuntamiento había instalado cámaras de videovigilancia en el edificio de la estación de autobuses y en un inmueble del área de Urbanismo sin las debidas autorizaciones. La institución recuerda que en esos casos el gobierno local había procedido a la instalación de las videocámaras y posteriormente había solicitado la autorización para colocarlas, cuando, según se recoge en la ley que regula estos dispositivos, el régimen de autorización se aplica tanto al uso como a la instalación de las cámaras de videovigilancia.
El Defensor del Pueblo pretende que el Ayuntamiento ajuste su actuación a la normativa vigente desde el año 2007, de manera que cuando este considere necesario la instalación de videocámaras en cualquiera de los edificios de la ciudad, no lo haga hasta que no haya obtenido la correspondiente autorización de la Delegación del Gobierno en Galicia.