Marta confiesa que sus esperanzas de resolver el problema son escasas, dado que «todo el mundo sabe cómo funciona la maquinaria y miran para otro lado». Su queja fundamental se centra en la pasividad de la administración para garantizar que efectivamente la puntuación de cada solicitante de plaza se ajusta a la realidad, tanto en lo que se refiere a la proximidad el domicilio como en los datos relativos a la renta. «Yo no tengo nada que falsificar, porque vivimos al lado del colegio y los niños son hermanos, pero sí tengo que pagar todo el coste de que otros sí falsifiquen y las autoridades hagan la vista gorda», indica. El coste no es solo económico, incluido el pago del proceso judicial, sino familiar. «Mi hijo mayor tiene que madrugar aunque entra más tarde porque tiene que acompañar primero a su hermana al colegio para después volver hacia atrás al suyo, necesito dos personas para recogerlos a la salida y se complican cuestiones tan del día a día como ir a las fiestas, que coinciden», explica. Tratar de sensibilizar acerca de ello es lo que la empuja a seguir adelante: «Llegaremos al Supremo si hace falta».