La edila Ermitas Valencia dice que la situación era conocida y Mar Barcón insiste en que ella no tenía constancia
06 nov 2008 . Actualizado a las 12:02 h.El departamento de Urbanismo tiene como «prioridad absoluta» investigar las presuntas infraviviendas ilegales que se construyeron en las inmediaciones de los campus universitarios de la Zapateira y Elviña, y que han salido a la luz por un estudio elaborado por la escuela de Arquitectura. Agentes de la Policía Local ya han empezado a desplazarse a esta zona para recabar información sobre la identidad de los promotores o propietarios de los galpones. El siguiente paso, previsiblemente la próxima semana, será la visita de los técnicos de Disciplina Urbanística para comprobar el tipo de licencia que tienen estas construcciones. Con el resultado de toda esta información, la administración local incoará los correspondientes expedientes para el restablecimiento de la legalidad.
Según explicaron expertos del departamento de Urbanismo, este restablecimiento de la legalidad consistirá en que las infraviviendas que sean legalizables podrán pedir la correspondiente licencia. «Si no son legalizables, tendrán que ser demolidas», aseguraron las mismas fuentes.
Desde el Ayuntamiento insistieron en que su interés es «causar el menor trastorno posible a los universitarios». Por ello, esperan finalizar los expedientes en un plazo de mes y medio, para que los estudiantes puedan buscar durante las vacaciones de Navidad otro tipo de alojamiento en caso de que en las que actualmente están no cumplan las condiciones legales. «La mayoría serán ilegales -auguraron-, ya no solo por el tamaño y las condiciones de los galpones, sino también por el suelo en el que están asentadas», explicaron.
En este sentido, desde el departamento de Urbanismo aclararon que la mayor parte de las infraviviendas, según el estudio de Arquitectura, están dentro de suelo cedido para dotación pública. Y ahí solo puede haber facultades, escuelas técnicas o residencias universitarias, «no galpones, infraviviendas o chabolas». En estos casos, los expedientes que abra el Ayuntamiento deberán remitirse a la Consellería de Política Territorial, y esta se encargará, dependiendo del caso, de ordenar la demolición de los barracones. El Ayuntamiento, en caso de que sean legalizables, tendrá que velar después para impedir su uso como residencias de estudiantes universitarios, «algo que evidentemente no son», aclararon responsables municipales.
Conocimiento de la realidad
A pesar de que nadie en el gobierno municipal parecía estar enterado de la existencia de estas infraviviendas, la concejala de Mocidade, la nacionalista Ermitas Valencia, aseguró ayer que esta situación no es nueva a pesar de que salga ahora en los medios de comunicación: «É algo que todo o mundo máis ou menos coñecía, ou todo o mundo que coñecera o ámbito universitario sabía que existían estas vivendas». Añadió sobre el tema: «Se vives na Coruña coñécelo, digo eu. É unha realidade que no ámbito universitario evidentemente era coñecido. Non vou dicir que non se coñecera».
Pero la edila de Urbanismo, Mar Barcón, insistió ayer en que al menos ella no tenía constancia del problema y que, de haberlo sabido, «lo hubiera denunciado, no me hubiera callado nunca». Explicó que Disciplina Urbanística actuó en aquellos casos en los que hubo denuncias y que ahora que son conocedores de la magnitud del problema «nos hemos puesto manos a la obra». Ermitas Valencia aclaró que el Ayuntamiento no tiene una bolsa de viviendas para estudiantes, sino que gestiona a través de la Oficina Municipal de Información Xuvenil la que tiene la Xunta para venta o alquiler y ofrece asesoramiento sobre los derechos y deberes de los universitarios al alquilar una vivienda.
Recordó que el año pasado la concejalía de Mocidade realizó una campaña en el campus para promocionar el servicio de información de la OMIX. «Pouco máis nos queda por facer dende a área de Mocidade dentro das nosas competencias mais que informar», dijo.