La Agencia Tributaria ya ha empezado a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Concello de Betanzos a devolver al INEM 1.395.044,75 euros más los intereses de demora. Así lo anunció ayer el propio Ayuntamiento a través de un comunicado en el que se explica que el pago de la deuda «se alargará prácticamente durante año y medio», ya que se efectuará mediante una reducción del 50% en los tributos del Estado que el Concello recibe de forma mensual. Esas aportaciones ascienden a 187.792,34 euros al mes (según detalla el gobierno local), y ahora serán de solo 93.896,17 euros.
El fallo del Supremo contra el Ayuntamiento fue el último episodio de un largo proceso judicial que comenzó en 1999, después de que El INEM solicitase el reintegro de una subvención concedida a la escuela taller municipal de 1993, ya que una auditoría de la Intervención General del Estado detectó que la ayuda había sido destinada a fines diferentes de los que se habían acordado. Según el informe, «hubo una desviación importante de los fondos recibidos a otros fines no previstos en la resolución de la concesión».
«Varapalo»
La alcaldesa, María Faraldo, intentó en su día fraccionar el abono de la deuda en cinco años (279.008 euros en cada pago). Sin embargo, desde el equipo de gobierno brigantino aseguran que la solicitud de la regidora «no fue tenida en cuenta, ni tan siquiera contestada», por la Agencia Tributaria. Los actuales responsables del Concello atribuyen directamente a «la pésima gestión del gobierno socialista» la situación, que califican de «nuevo varapalo a las arcas municipales». Además, recuerdan que la comunicación de la sentencia a la administración local brigantina se produjo, «curiosamente», el primer día del mandato de Faraldo.
La regidora señaló que el 31% de los ingresos corrientes en las arcas municipales proceden de la participación en los tributos del Estado, por lo que su reducción a la mitad significará «un peor resultado presupuestario y, con ello, un peor remanente líquido de tesorería, ambos ya negativos antes de la ejecución de la sentencia».
Ahora, el gobierno betanceiro asegura que estudiará «las acciones que correspondan para dirimir responsabilidades», según el contenido del comunicado hecho público ayer.