Desde que se inició el proceso que dará paso a las obras de la tercera ronda a su paso por Penamoa, el Ayuntamiento indicó que solo se facilitaría al realojo a aquellas personas censadas en el poblado y, por lo tanto, con derecho a obtener compensación por la pérdida de sus viviendas.
De esta forma se trataba también de trazar una línea definida que no evitó, sin embargo, la picaresca, de modo que los servicios municipales percibieron un incremento paulatino y progresivo de la población a medida que se acortaban los plazos para la llegada de las palas excavadoras. Las migraciones con destino a Penamoa llegaron a trascender la propia comunidad autónoma, con vecinos de reciente incorporación procedentes de León, Zamora y Asturias.
Este colectivo cada vez mayor y más amplio de residentes no censados amenaza ahora con atrincherarse en el poblado y no abandonarlo, al menos no sin obtener algo a cambio. Es decir, alguna subvención o ayuda económica por parte de la administración. «De aquí no nos echa ni la sexta flota», dijeron en noviembre pasado para describir las intenciones de los no empadronados, que ya manifestaron entonces su total disposición a llegar a utilizar la fuerza en el caso de que se les intentase sacar del asentamiento y sin nada a cambio.
Al margen de la posibilidad de obtener algún pellizco, parte de los que se aferran a permanecer en el poblado lo hacen porque el asentamiento, más que su domicilio familiar, es su lugar de trabajo en un negocio tan ilícito como conocido y en el que se reserva la venta casi en exclusiva de sustancias como la heroína. Penamoa es uno de los principales supermercados de la droga del noroeste al que el proceso de desalojo y la posibilidad de sufrir un traslado o incluso a desaparecer ha vuelto a poner de actualidad.