Todos los gobiernos autonómicos que ha tenido Galicia desde que se implantó el peaje en la AG-55, el 30 de diciembre de 1997, han rechazado la supresión de la tasa, a pesar de que todos los partidos políticos que los han formado llegaron a reivindicarla en algún momento, con más o menos énfasis.
La historia volvió a repetirse ayer en el Parlamento de Galicia, a raíz de una iniciativa presentada por la diputada nacionalista Teresa Táboas, portavoz de infraestructuras del BNG. En su proposición no de ley, que fue rechazada por la mayoría popular, argumentaba que la profunda crisis actual y el encarecimiento de los combustibles justificarían la medida, ya que permitiría abaratar el coste de los miles de desplazamientos que se producen a diario por la autopista A Coruña-Carballo, entre ellos los que realiza el sector del transporte. El ahorro anual supondría entre 900 y 1.936 euros al año, según los datos aportados por la parlamentaria.
Teresa Táboas incidió, además, en la falta de «unha oferta ampla de rutas e frecuencias, tanto de transporte colectivo por estrada como dun tren de cercanías que permitira elixir unha opción distinta ao vehículo privado», y lamentó «que estas políticas de creación dun sistema de transporte público non foran nin sexan prioridades para o Partido Popular de Galicia, que nos condena a estar moi lonxe dos países máis avanzados no referido a mobilidade responsable».
La diputada del BNG acusó al Gobierno de Núñez Feijoo de «cinismo político» por pedir a Portugal que elimine los peajes de sus autopistas, «mentres en Galicia a Xunta non fai nada nas infraestruturas de titularidade autonómica».
Teresa Táboas explicó que la AG-55 tiene una densidad de tráfico de 18.000 vehículos, y que esa cifra se va reduciendo debido al coste del peaje, como también ocurre en la AP-9, en la que concretó que circulan ya 2.000 usuarios menos. Desde su punto de vista, la supresión de la tasa también debería extenderse al tramo Puxeiros-Baiona.
Frente a la situación actual de las comunicaciones en Galicia, el BNG defendió «unhas infraestruturas de comunicación públicas, e a planificación dun transporte colectivo eficiente e moderno que permita alternativas á utilización do vehículo privado».