Los jueces avalan la decisión de Patrimonio de prohibir que un parque eólico afecte al Camiño de Muxía
CARBALLO
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala la negativa de la Dirección Xeral de Patrimonio, dependiente de la Consellería de Cultura, a la instalación de aerogeneradores en el parque eólico Muxía II, en el área de influencia del Camiño de Fisterra a Muxía. En concreto, en un tramo que afecta a las parroquias de Morquintián y Moraime, ambas pertenecientes al municipio muxián. La empresa Desarrollos Eólicos (DESA) había presentado un recurso en alzada contra la decisión de Patrimonio, que, sin embargo, no recibió respuesta. Contra esa desestimación por silencio administrativo, DESA acudió al TSXG, pero los jueces le dan la razón a la Xunta.
DESA solicitaba al tribunal que declarase nulo el informe de Patrimonio, emitido en marzo del 2008, fundamentándose en que el Camiño de Fisterra a Muxía «no es un bien declarado, ni catalogado, ni inventariado», y que además existen precedentes que les son favorables. Y que, en cualquier caso y frente a lo señalado por los técnicos de Cultura, que su proyecto respetaba las distancias de protección, sin riesgo de uso del Camiño como vía de interconexión con el parque eólico.
No obstante, el TSXG señala que el citado informe no es impugnable y, por tanto, no le da la razón. Así, la empresa deberá levantar sus aerogeneradores a mayor distancia de la pretendida, tal y como se le indicaba desde la Xunta.
El parque eólico Muxía II aún está pendiente de construir, aunque ya tiene todos los permisos. Junto al denominado Muxía I (dos fases del mismo) forma parte de la primera estación de estas características en Muxía. Tendrá 34 molinos y una potencia de 68 megavatios. Además de Morquintián y Moraime también afectará a los montes de Nemiña.
El Concello tiene un acuerdo con DESA que le permitirá ingresar importantes fondos gracias a este parque. El alcalde, Félix Porto, defendió en un pleno celebrado en abril del 2009 que el convenio «é o mellor de Galicia». Incluye una renta mínima anual de 150.000 euros durante 25 años, además de 300.000 euros para pistas y 800.000 para infraestructuras.