Derribada por segunda vez en seis años una casa ilegal en la zona de protección de Baldaio

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) confirmó ayer la demolición de una vivienda unifamiliar en el lugar de Os Areos, en la parroquia carballesa de Noicela, debido a que se encontraba en suelo de protección del espacio natural de Baldaio, «polo que incorría nunha infracción de carácter moi grave», explica el comunicado difundido por la Xunta.

Los propietarios del edificio realizaron el derribo de forma voluntaria, después de un largo proceso administrativo iniciado en el año 2003 y que acarreó desde entonces el pago de tres multas coercitivas por un total de 4.000 euros. «A primeira das resolucións -señalan desde la Administración autonómica- data do 29 de setembro do 2003, e nela indicábanse a suspensión de obras e a incoación de expediente como consecuncia dunha denuncia formulada polo Concello de Carballo, momento -aclara- no que o interesado podería interpoñer un recurso de reposición se estaba en desacordo co ditame», algo que, según se desprende de la nota oficial, no hizo.

En febrero del 2004, la APLU emitió una nueva resolución que declaraba las obras ilegalizables «por resultar incompatibles co ordenamento urbanístico, e ordenou a demolición das mesmas. Esta resolución xa foi firme -señala- por non ter presentado o interesado un recurso de reposición nin contencioso administrativo». El 18 de mayo del 2004, finalizado el plazo de tres meses para que se ejecutase la demolición, se impuso la primera sanción, por importe de 1.000 euros, a los promotores de la vivienda. «Nese tempo, o Servizo Provincial de Urbanismo procedeu a comprobar se se repuxera a legalidade, comprobando que a demolición era incompleta», explican desde la Xunta.

En octubre de ese mismo año, La Voz de Galicia publicó una información sobre infracciones urbanísticas en la zona costera en las que, precisamente, se hacía alusión al reciente derribo de la casa de Os Areos, que, por lo que se desprende de la actuación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, no llegó a completarse. De hecho, y según el comunicado difundido ayer, el 29 de diciembre del 2006 se impuso otra multa de 1.000 euros a los propietarios. La tercera y última, por importe de 2.000 euros, data del 17 de marzo del 2009. «Finalmente, a APLU dispuxo a execución do inmoble, procedéndose á mesma e obténdose a comprobación por parte da unidade de Policía adscrita á comunidade autónoma de Galicia o pasado 2 de agosto deste mesmo ano», concluye la versión de la Xunta.

En esa misma zona, según confirmaron desde la Oficina Técnica Municipal de Carballo, existen otros muchos expedientes abiertos por infracciones similares, por lo que parece probable que antes o después tenga que procederse a la demolición de otras construcciones ilegales.