Mañana se conmemorará en el área sanitaria de A Coruña el Día Mundial de la Salud Mental, una iniciativa de la Asociación Pro Enfermos Mentais (APEM) que reunirá en Carballo -sede por primera vez- a médicos, familiares y políticos en torno al debate sobre los trastornos mentales severos y los recursos públicos disponibles para quienes, directa o indirectamente, los padecen.
En el área coruñesa se calcula que son 5.000 las personas con algún tipo de psicosis, trastorno bipolar o esquizofrenia, que es la enfermedad mental más frecuente. En los centros de APEM, por ejemplo, supone el 75% de los ingresos. Este tipo de pacientes son, además, los que se enfrentan a más dificultades «a la hora de integrarse a una vida normalizada. Hay que hacer rehabilitación, y uno de los problemas es que no hay recursos públicos. Por eso los familiares han promovido la apertura de centros e incluso planes de empleo», señala el psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle, coordinador de las jornadas de mañana.
El diagnóstico de este tipo de patologías se produce normalmente a través del médico de familia, que cumple un papel fundamental, o de los servicios de urgencias. El 35% de los tratamientos son ambulatorios, y solo los casos que no pueden tratarse de ese modo acaban en ingreso en el hospital de Oza, porque solo tiene 31 camas y la estancia media es de 19 días, explica el especialista.
En la evolución del paciente hay dos factores fundamentales: el diagnóstico precoz y la rehabilitación. «Con un trabajo específico se puede rehabilitar al paciente, y por eso es tan importante que los centros estén cerca de los usuarios», apunta Díaz del Valle. Por los seis que tiene APEM en el área sanitaria pasan a lo largo del año más de 300 personas, pero las 155 plazas concertadas disponibles resultan insuficientes. De cara al próximo año está previsto, dentro del plan de actuación hasta el 2015, el incremento de plazas en algunos de los centros, «pero dependemos de la Consellería de Sanidade», explica Esther Monterroso, directora de APEM, en alusión a los recortes presupuestarios.
Este tipo de recursos surgieron en los años 80 como respuesta al cierre de los hospitales psiquiátricos, y con la promesa de una serie de inversiones por parte de la Administración que todavía hoy, treinta años después, siguen pendientes.