Continúa en Fisterra la polémica que empezó con la ubicación de un Citroën BX en la calle de la Mixirica, siguió con un contenedor en su lugar (y el coche dentro). A partir de ahí se destaparon litigios que afectan no solo al espacio de ese contenedor, sino a la parcela en la que se asienta y al edificio de viviendas construido justo al lado.
Pedro Canosa López, el dueño del contenedor y del coche, que mantiene sonoras discrepancias con el alcalde, José Manuel Traba, y con el constructor del citado edificio, aseguró ayer en una nota, que se une a otras manifestaciones anteriores, que el regidor ha podido cometer «irregularidades o ilegalidades» en relación con la construcción del edificio.
Manifiesta que «el 27 de noviembre del 2006 fue requerido por la directora general de Urbanismo de la Xunta, por delegación de la conselleira, para que revisase de oficio todas las licencias concedidas al constructor Castreje Durán en el Camiño da Mixirica por estimar que eran nulas de pleno derecho. El alcalde desoyó el requerimiento y las obras consideradas ilegales pudieron continuar. Esa irregularidad no se la mandé cometer yo, la cometió él por iniciativa propia».
Añade que, por esa inactividad, la Xunta interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Concello. «Si ese recurso prospera, el alcalde tendrá que dar muchas explicaciones a todo el mundo».
A este respecto, Traba señaló ayer que no ha prosperado. «Está desestimado, nunha sentenza de data 14 de xullo, que establece que o edificio é completamente legal. E, sendo legal, ¿cal é daquela a legalidade que eles pretendían?».
El alcalde había señalado anteriormente que recibió a Canosa López y otros para tratar sobre el inmueble. Canosa dice que esas visitas fueron para «pedirle que obligase a Castreje a respetar la legalidad urbanística. Fue -añade- nuestra petición, que además no podía ser otra», señala el vecino, pero de ahí la pregunta del regidor.
Canosa, no obstante, añade: «Podía mencionar otras [presuntas] irregularidades urbanísticas cometidas por el alcalde, pero prefiero silenciarlas».
En cuanto a las palabras de Castreje, asegura: «Que intente justificar su negocio es su derecho, pero eso no lo autoriza a mentir. Conoce perfectamente lo relativo a los edificios que construye en esa zona, está al corriente de todos los procedimientos civiles, penales y contencioso-administrativos, por ello miente al afirmar que la Xunta consideró totalmente correctas sus obras, y se olvida del requerimiento del 27 de noviembre». En él, explica, se trata sobre alturas, volúmenes, cesiones y la «nulidad de pleno derecho». Añade que el procedimiento administrativo en marcha, «de prosperar, podría provocar la demolición total o parcial» de los inmuebles.
Traba Fernández, a este respecto, señala que, con la sentencia a su favor, que López desconoce, no ha lugar a nada de eso. «Todo o contrario, queda claro que respectei a legalidade totalmente», añade.
El alcalde dice más. Considera que tanto esta como otras denuncias interpuestas en su momento contra varios edificios de Fisterra «fixéronse en período electoral, buscando só desestabilizar. Era unha persecución política, unha campaña, que lle fixo moito dano a Fisterra», de ahí que se alegre de los fallos judiciales favorables.
En el comunicado, Canosa López considera que, de las palabras de Traba, se interpreta o se le atribuye haberlo «forzado a cometer una irregularidad, al decir [el alcalde] que non funciona a base de chantajes. Para López, es lo mismo que forzarlo a prevaricar. «Se me acusa de delincuente. Si no rectifica públicamente, me veré obligado a formalizar la correspondiente denuncia».
Traba asegura que los chantajes no sirven de nada con él. Añade que, a la vista del fallo judicial que le ha dado la razón, «un máis», es hora el Concello el que se reserva el derecho de ejercitar las acciones judiciales oportunas.