Como ocurrió con la reciente sentencia que ratifica el decreto de derribo de dos viviendas en A Pedra do Sal, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de desestimar el recurso interpuesto por Isidro Rodríguez Ponte y Rosa María Rama Novo contra las resoluciones de la Consellería de Política Territorial que ordenaban la demolición de una construcción en el monte Peados (Razo). Las obras consistían en «muros perimetrales de una edificación de unos cien metros cuadrados adosada a muro existente» y en la «cimentación de una edificación y construcción de pista pavimentada», para las cuales, según la sentencia, no es suficiente la licencia municipal para un cierre que, al parecer, tenían los promotores.
En ambos casos, los expedientes urbanísticos se abrieron hace casi cinco años. En solo tres meses, el Concello de Carballo realizó los trámites correspondientes a cuarenta infracciones urbanísticas. Buena parte de las irregularidades se concentraban en la zona costera, y, fundamentalmente, en dos enclaves: A Pedra do Sal y el monte Peados. Pero en este caso, debido a la calificación del suelo como rústico -y además de especial protección-, las competencias en materia sancionadora recaen directamente en la Consellería de Política Territorial.
Precisamente, desde la Xunta se ordenó también en aquellas fechas la reposición de la legalidad en seis obras, cuatro de ellas en Peados y dos en A Pedra do Sal, en una de las cuales incluso se ordenó a Unión Fenosa la interrupción del suministro eléctrico dado el incumplimiento reiterado, por parte del promotor, de las órdenes de paralización dictadas por el Concello de Carballo. Algunos de aquellos expedientes llegan ahora, casi cinco años después, a su conclusión.
El recurso de casación ante el Supremo es la única salida que les queda tanto a Isidro Rodríguez y Rosa María Rama como a Manuel Facal Lorenzo, promotor de las dos viviendas de A Pedra do Sal que también tienen orden de derribo. Otros propietarios optan por ejecutar la demolición por su cuenta, ya que los decretos suelen llegar acompañados de cuantiosas multas, que se incrementan a medida que pasa el tiempo. El pasado mes de octubre, de hecho, se materializó el derribo de otra vivienda en Peados, por parte de su dueño, que también había sido denunciada a principios del 2003.