Manuel Tomé negó ante el juez su implicación en un fraude de subvenciones cuando era alcalde

Javier Romero Doniz
Javier Romero NOIA/LA VOZ.

BARBANZA

14 dic 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

El pago de un viaje de la tercera edad al balneario ourensano de Arnoia con una subvención de la Diputación de A Coruña que nunca llegó a realizarse es el motivo por el que ayer fue a declarar al juzgado noiés el ex alcalde sonense Manuel Tomé, una de las concejalas que entonces lo acompañaba en el grupo de gobierno, Asunción Torres, y un representante de la empresa de autobuses Autos Dosil S.?L. Durante la declaración, el ex mandatario popular negó ante la titular del Juzgado Número 2 de Noia cualquier implicación en este supuesto fraude de subvenciones. Sobre esta cuestión, Tomé manifestó que como alcalde tenía sus funciones y que no se enteraba de todo lo que ocurría en la alcaldía, en alusión a su posible implicación en el fraude de una subvención que el Concello cobró de la Diputación. Aún así, cabe decir que fue el mismo Tomé quien firmó personalmente una memoria sobre esta excursión fantasma en la que aseguraba, entre otras cosas, que los resultados de la iniciativa fueron «moi satisfactorios, sendo do agrado dos beneficiarios». En concordancia con la declaración de Tomé, la que fuera edila de Asuntos Sociais, Asunción Torres, que también acudió al juzgado en calidad de imputada, aseguró que ella misma se había encargado de todo desde el principio, eludiendo de cualquier responsabilidad a los que entonces eran sus compañeros de gobierno. Versión oficial El tercero de los imputados que acudió ayer al juzgado noiés fue un representante de la firma Autos Dosil S.?L. Fue su abogado quien aseguró que a su representado se le pidió hacer unos transportes que finalmente no realizó y de los que reintegró el dinero al Concello. El mismo letrado declaró que su opinión es que «esto no pasará de una mera irregularidad administrativa». Por otra parte, fuentes especializadas aseguraron que, en el caso de que exista alguna sanción y siempre que el fiscal siga adelante, el representante público hará una acusación de falsedad y fraude en la obtención de subvenciones públicas, que está recogida en el código penal. Sobre el tiempo que este caso puede prolongarse, resulta difícil hacer una estimación ya que todavía tiene que declarar el representante legal del balneario, siendo en ese momento cuando la Fiscalía decida si es necesario abrir nuevas diligencias. Las mismas fuentes aclaraban que este caso está en fase de instrucción y puede finalizar de dos maneras diferentes: una primera en la que el acusador público considere que el caso no tiene entidad delictiva, o bien, que estime que existen indicios de delito y presente un escrito de acusación que iría al juzgado de lo penal de A Coruña. Cabe recordar que todo este proceso se inició tras un informe de la interventora municipal, fechado el 15 de febrero del 2010, donde se ponía de manifiesto que «as empresas Caldaria Termalia S.?L.?U. e Autos Dosil obtiveron os ingresos reflectidos nas facturas en concepto de prestación de servizos non realizados, con quebranto para a facenda local». Según consta en el mismo documento, los más de 5.000 euros a los que ascendía la ayuda «deberían ser reintegrados xunto cos intereses de demora», y advertía el informe de que los hechos podían ser susceptibles «de infracción administrativa, contable o penal». Es en ese mismo documento emitido por la intervención donde figura que el 14 de octubre del 2009, el entonces alcalde, Tomé Piñeiro, manifestó que «cumpriuse a finalidade da subvención mediante a realización da actividade», adjuntando la memoria y ratificando que dicho viaje al balneario tuviera lugar los días 8 y 9 de octubre del mismo año.