Se sienten discriminados y por eso reclaman cambios en la ley del suelo que está revisando el gobierno autonómico. La Asociación Galega de Carpintería de Ribeira (Agalcari) reclama algunas modificaciones que garanticen el desarrollo de la actividad en los astilleros ya que, según las condiciones que fija la legislación actualmente, esto es difícil: «Pouca utilidade ten que se autorice o uso dos estaleiros en solo rústico de protección de Costas se as condicións que se establecen para estas construcións impiden na práctica a actividade».
Ahora que se está revisando la ley de ordenación urbanística de Galicia desde Agalcari piden que se reflexione «sobre as necesidades e posibilidades dunha actividade tan singular e importante dentro do contexto galego», ya que, según el presidente del colectivo, Gerardo Triñanes, no parece que los cambios previstos vayan a favorecer al sector: «O que se desprende dos borradores actuais é que a actividade nos estaleiros vai seguir quedando 'fóra de ordenación'».
Más espacio
Desgranando las cuestiones que resultan conflictivas para el sector, el responsable de Agalcari habla, por un lado, de la altura máxima permitida para los astilleros, el índice de edificabilidad y de la superficie mínima de las parcelas. En cuanto al primer punto, según la ley actual las naves no pueden sobrepasar los 3,5 metros de altura, y en la modificación se prevé ampliar esta cifra hasta los 7 metros. Sin embargo, desde el colectivo de carpinteros de ribera consideran que esta medida es insuficiente puesto que «as necesidades de altura non son unha cuestión puntual, senón unha necesidade global neste tipo de edificacións».
Por esto reclaman que la altura máxima sea de 11 metros, y piden también que el índice de edificabilidad de la parcela pase del 20% al 60%, una ocupación permitida «nos casos das explotacións gandeiras ou establecementos de acuicultura e as depuradoras, pero non nos estaleiros. No que se refire á ocupación o sector volve quedar discriminado».
El último aspecto al que alude Agalcari se refiere a la superficie mínima de la parcela, fijada en 5.000 metros cuadrados y que en la modificación de la ley se prevé que se reduzca hasta los 3.000 metros, un área que según la entidad «pode ser difícil ou case imposible de conseguir na maioría dos casos». Su propuesta pasa por limitar el tamaño del terreno a 2.000 metros cuadrados.
Estas son las principales demandas que la entidad plantea en un escrito que concluye con una reflexión sobre la situación de los astilleros: «A realidade é que se pretende mellorar as instalacións existentes pero non se pode polas trabas para conseguir as correspondentes licenzas polas limitacións recollidas na lexislación».