Al igual que otras autopistas de peaje de primera generación, la AP-9 goza desde 1972 de una reducción del 95% en su contribución urbana. Los concellos por los que pasa la principal arteria atlántica de Galicia solo pueden ingresar un 5% de esa contribución y, además, la exención está prorrogada hasta el año 2023. Pero, en los últimos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de abrir una vía para cambiar las cosas. Los jueces estimaron en varias sentencias recursos de ayuntamientos que exigen a Hacienda que les devuelva el importe del beneficio fiscal que concedió a las autopistas. Doce concellos pontevedreses van a presentar reclamaciones similares ante los tribunales para que les devuelvan lo no pagado por la concesionaria de la AP-9.
Según estimaciones dadas a conocer ayer, estos doce concellos esperan lograr de Hacienda dos millones de ingresos por año y al menos cuatro más en concepto de atrasos del período 2007-2009. Tras una reclamación previa ante Hacienda que se espera sea desestimada, los doce ayuntamientos llevarán el asunto ante el Tribunal Superior de Madrid, que se espera falle su recurso contencioso-administrativo en el mismo sentido que hasta ahora.
En el organismo recaudador de la Diputación de Pontevedra que se encarga de tramitar la reclamación -el Oral- se daba ayer por hecha la victoria judicial en el tribunal madrileño. No obstante, se advierte que otros recursos similares fueron recurridos ante el Tribunal Supremo y este último aún no se ha pronunciado.
Los ayuntamientos que reclamarán contra la exención fiscal cubren todo el recorrido de la autopista en Pontevedra, desde Pontecesures a Tui, con la excepción de Pontevedra, Vigo y Redondela, municipios no incluidos en la órbita del Oral.
La contribución de las autopistas es ahora la que corresponde a los bienes inmuebles de carácter especial (Bices), a los que puede aplicarse un tipo de gravamen del 1,3%. Sin embargo, solo tres concellos -Valga, Caldas y Vilaboa- tienen establecido este tipo máximo, ya que casi todos aplican el 0,6. Ayer, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, anunció que convocaría una reunión de alcaldes afectados para pedirles que establezcan el gravamen máximo del 1,3 en sus ordenanzas fiscales. De este modo, se espera elevar la recaudación desde los 222.308 euros del trienio 2007-2009 a cerca de dos millones por año. También se reclamará la contribución correspondiente al 2006, antes de que las autopistas fueran consideradas inmuebles especiales.
De no ser prorrogada la exención, la empresa de la autopista tendría que hacerse cargo de la contribución desde el 2023 hasta el 2048, año en el que expira la concesión. En otras arterias gallegas, como puede ser el caso de la AP-53, concellos como Silleda y Lalín ya perciben la totalidad de la contribución, ya que el Gobierno no incluyó en la concesión la exención del 95%. El alcalde de esta última localidad, Xosé Crespo, señaló ayer, no obstante, que los ayuntamientos están dispuestos a cobrar menos «con tal de que nos retiren a peaxe».
La Diputación justificó la reclamación por el impacto de la crisis en las finanzas de los municipios y anunció que estudia otras iniciativas similares, entre ellas el cobro de un canon por instalación de móviles y líneas de alta tensión. «Nas épocas de crise hai que agudizar o enxeño para que non morramos de fame, porque aos concellos quítanlles o pan e o sal», comentó Crespo.