Viveiro aprobará el plan urbano y aclarará las pegas de la Xunta

La información divulgada por la Xunta sobre sus reparos al plan urbanístico de Viveiro «es más dura» que el informe técnico de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Es una de las conclusiones de todos los portavoces políticos y de los redactores de la normativa. Ayer, durante más de dos horas, analizaron las pegas y acordaron continuar tramitando un planeamiento que todos creen necesario. Porque lo prioritario es dotar a Viveiro de un reglamento urbanístico, lo aprobarán inicialmente en pleno y abrirán el período oficial de alegaciones. Será entonces cuando se debatirán los detalles, pero la empresa contratada ya está trabajando en aclarar, justificar y corregir los aspectos que Territorio no comparte.

Pasaban de las tres de la tarde de ayer cuando comenzaron a salir de la casa consistorial los portavoces políticos. Con el equipo redactor del plan general de ordenación, habían pasado más de dos horas valorando el informe previo sobre un documento con el que todos se declaran conformes, como primer paso para regular los usos del suelo en el municipio.

El alcalde socialista Melchor Roel, el no adscrito Guillermo Leal, la popular Mariña Gueimunde y el nacionalista José Antonio Goás coinciden en que el «informe no vinculante» de Territorio no contradice el fondo de la normativa. Por eso han optado por continuar su tramitación. Si los plazos que maneja el regidor se cumplen, a principios de abril será aprobado por el pleno de concejales y se abrirá el plazo de reclamaciones. Se prolongará durante dos meses, pero Roel pretende que no coincida con las municipales.

Previsión a 25 años

Como prueba de la «necesidad de hacer un esfuerzo para explicar su contenido», el alcalde rebatió uno de los reparos más llamativos de la Xunta. Territorio advirtió al Concello que Viveiro «non pode ampliar a súa capacidade residencial nun 70%». Un porcentaje que apunta al considerar que el planeamiento prevé que puedan erigirse en el municipio 19.835 viviendas en los próximos diez años. Cuando se elaboró la normativa, estaban registradas 11.659. Técnicos y políticos aseguran que, incluyendo el suelo urbanizable actual, el nuevo y el no consolidado a desarrollar, se podrían edificar 2.753 viviendas nuevas, no las 8.000 que calcula el Gobierno autonómico. Y no en diez años, sino en veinticino.