Seis años de cárcel fue la pena que impuso la Audiencia Provincial a José María Rivera Lago, el ex director del Banesto de Ferreira do Valadouro, como autor de los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y apropiación indebida. El dinero que quitó al banco, 916.599 euros, tendrá que pagárselo a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el fallo. Este ex bancario mantenía una banca paralela y, aprovechándose de la confianza que depositaban en é, muchos clientes, realizó operaciones de pasivo con tipos superiores a los autorizados por los bancos. En muchos casos fue sin el consentimiento de los clientes o con engaño a éstos.
Dice la sentencia que el director de Banesto -guiado por el ánimo de obtener beneficio propio como, por ejemplo. la obtención de los denominados bonus por la consecución de objetivos, así como para obtener una buena consideración de sus superiores y, en su caso, para evitar ser trasladado a otro destino- concertó mediante engaño operaciones con numerosos clientes.
En ocasiones ofreció alto interés de forma verbal, y en otras, mediante escritura con una máquina de escribir distinta del ordenador donde era impreso el correspondiente contrato. Les aseguraba tipos de interés mínimos en productos no garantizados, como fondos de inversión de renta variable o mixta, garantizándoles tanto el capital como rentabilidades fijas, cuando ni lo uno ni lo otro estaban realmente asegurados. Esta garantía ficticia quedaba plasmada por escrito en algunas ocasiones.
Como consecuencia de tales operaciones, diversos clientes de la sucursal sufrieron minusvalías en sus cuentas que el acusado fue reponiendo mediante órdenes de venta o reembolsos no autorizados, contratación de préstamos no solicitados por los clientes, reintegros en metálico con firma falsa o sin ella, principalmente, de cuentas de clientas de mucha confianza derivada de la amistad íntima o, en algún caso, relación de parentesco. Muchos de los clientes que utilizaba para llevar a cabo las operaciones residían fuera de la provincia; algunos tenían avanzada edad y estaban con problemas de salud, según pudo constatarse en el juicio.
La operativa fue desarrollada por el acusado durante el tiempo que estuvo acompañando su cargo de director del banco. El fiscal, en el transcurso de la celebración del juicio, había pedido que le fuese impuesta una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de estafa y otros cinco por apropiación indebida,
La acusación particular, por su parte, reclamó las mismas penas que el fiscal y, a mayores, exigió que se le impusiera al ex banquero una pena de dos años y seis meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. La defensa pidió la libre absolución.